El modo en que el Estado chileno se supone que cuida a los menores vulnerables es probablemente uno de los ejemplos más crudos y fehacientes de los fallos del Estado, despersonalización burocrática, lealtad autocomplaciente, indolencia e inoperancia política. No están protegidos, sino que se ven sometidos a la opresión impersonal de una maquinaria administrativa que a pesar de las negligencias y las vulneraciones, nunca tiene responsables.
Desde 2013 diversas investigaciones, como el llamado informe Jeldres elaborado por el Poder Judicial y la Unicef, han evidenciado las graves y sistemáticas vulneraciones a los derechos de menores bajo el amparo estatal. En abril de 2016, la muerte de una niña de 10 años, Lissette Villa, dentro de un centro del Servicio Nacional de Menores, causó conmoción nacional. En julio 2016, la entonces ministra Javiera Blanco causó polémica cuando, ante una nueva Comisión Especial Investigadora llamada Sename 2, habló del stock de niños. En octubre de ese año, la entonces directora del Servicio Nacional de Menores (SENAME), Solange Huerta, indicó que entre 2005 y 2016, 210 menores habían fallecido estando bajo el sistema de protección residencial. La entonces Presidenta Michelle Bachelet pidió perdón y anunció un incremento presupuestario de $2.500 millones.
Hasta lágrimas en el Congreso se derramaron en ese entonces. Sin embargo, el informe de la Comisión Sename II que acusaba a la exministra Javiera Blanco de “negligencia inexcusable” quedó en nada. El entonces diputado Ramón Farías se lamentó que “548 páginas fueron botadas a la basura”. Finalmente siempre prima el cálculo político y las lealtades autocomplacientes. Así, algunos políticos, como Camila Vallejo, pasaron del llanto a la indolencia. Incluso Michelle Bachelet luego prácticamente recompensó a Javiera Blanco nombrándola miembro del Consejo de Defensa del Estado.
En diciembre de 2018, un informe de la PDI constató que, tanto en el 100% de los centros que administraba el Sename como en el 88% de los gestionados por particulares, existían graves vulneraciones y abusos. Pero además se advertía que estaba normalizado un funcionamiento estructural y práctico defectuoso que ponía en riesgo la integridad de los menores. El diputado René Saffirio acusó al entonces ministro de Justicia Hernán Larraín y al Fiscal Nacional Jorge Abbott de haber guardado el informe sin hacer nada al respecto. Pero al igual que con Javiera Blanco, nunca se supo del asunto.
Así, mientras los políticos se devanean en sus discusiones y rasgan vestiduras, los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado resultan aplastados por los engranajes de una maquinaria administrativa que supuestamente ha sido creada para ayudarlos.
Ese mismo año 2018, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas entregó otro lapidario informe respecto al SENAME donde se indicaba que el Estado chileno había cometido “violaciones graves y sistemáticas” de los derechos de menores bajo su resguardo. Entre 2009 y 2019 había 1.313 menores muertos bajo custodia del Estado.
Frente a lo anterior, surgió el Acuerdo Nacional por la Infancia de 2018 que posteriormente dio origen en 2021 a una nueva entidad, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Así, fueron cerrados los masivos CREAD, el SENAME sólo se encargaría de adolescentes infractores de ley, manteniendo su dependencia del Ministerio de Justicia hasta su eventual cierre en 2026.
Pero la distancia entre crear más burocracia y producir Justicia rápidamente se hizo notar. En 2022, se produjo el escándalo de las licitaciones fallidas. Una nueva comisión investigadora respecto al Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia concluye que la implementación del servicio fue negligente y que las autoridades ministeriales tenían responsabilidad política al respecto. Pero como sucedió antes, nada pasó. A mediados de 2024, se detectó el mal uso de cerca de $2 mil millones destinados a necesidades básicas de menores vulnerables por parte de funcionarios del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en tres direcciones regionales. La tiranía de nadie sigue imperando.
Ahora, el senador independiente Karim Bianchi ha denunciado la existencia de lo que a todas luces es una red de explotación sexual infantil en la región de Magallanes, donde las víctimas son menores que, se supone, están bajo protección del Estado. Según información de la Defensoría de la Niñez, hay un aumento progresivo de casos de explotación sexual de niñas y adolescentes que están en el sistema de protección residencial.
En Chile, los niños vulnerables no están protegidos por el Estado, sino que están sometidos a un sistema kafkiano donde hay muchos políticos y funcionarios, muchas medidas y recomendaciones, pero nunca hay responsables, ni padres, ni familiares, ni políticos.
Por Jorge Gómez, investigador de FPP.
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