Columna de Jorge Hermann: El legado fiscal de Mario Marcel

El próximo Presidente de Chile, independientemente de su color político, deberá enfrentar el reto de llevar a cabo un ajuste significativo en el gasto fiscal. Este desafío se debe a la gestión cuestionable de Mario Marcel y Javiera Martínez durante el actual gobierno. El centro del problema es la persistente sobreestimación de los ingresos tributarios desde 2023, acompañado por la ausencia de un ajuste sustancial en el gasto público. Esta situación pone en riesgo el cumplimiento de la meta de déficit estructural y podría elevar la deuda bruta hacia un 45% del PIB.

Con el fin de cuadrar la caja fiscal, el Ministerio de Hacienda ha implementado varias estrategias, más allá de la habitual emisión de deuda. Estas incluyen la venta de activos de Corfo vinculados al litio por US$ 1.500 millones en 2023 y la utilización de US$ 1.800 millones de fondos soberanos en 2024. Además, un par de meses después de la aprobación del presupuesto de 2025, Hacienda se vio obligada a reducir la sobreestimación de ingresos fiscales de un 24,3% a un 23,1% del PIB. A pesar de este ajuste, mi proyección es que los ingresos podrían situarse alrededor del 22,5% del PIB y que el déficit fiscal podría alcanzar el 2,3% del PIB, superando el 1,7% previsto por Hacienda.

Para cumplir con los objetivos de déficit estructural, es esencial reducir el gasto público. La regla actual de déficit estructural está en entredicho, ya que la sobreestimación de los ingresos está debilitando la credibilidad institucional de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Para alcanzar la meta de un déficit estructural del -1,1% en 2025, es necesario un ajuste del gasto de US$ 1.500 millones. Sin embargo, dada la persistente sobreestimación de ingresos, este ajuste debería ser aún mayor, de cerca de US$ 4.000 millones.

El ajuste del gasto puede comenzar con un análisis detallado de los resultados del monitoreo de programas sociales y no sociales de 2023 realizado por la Dipres, enfocado en tres dimensiones: focalización, eficiencia y eficacia. El análisis reveló que 202 programas, que suman un gasto de US$ 21.609 millones, no cumplen con dos o más de estas dimensiones. Por lo tanto, es fundamental realizar una revisión para considerar la eliminación de aquellos programas que no pertenecen a áreas claves como salud, educación y seguridad. Esta medida optimizaría el uso de los recursos públicos y ayudaría a reducir el gasto para el actual y el próximo gobierno.

Aunque las circunstancias recientes son desafiantes, aún hay tiempo para que el gobierno retome una senda de disciplina fiscal. El ministro Marcel ha manifestado su intención de realizar los ajustes necesarios en la presentación del Informe de Finanzas Públicas, prevista para abril próximo. Lograr este ajuste será esencial no solo para su legado fiscal, sino también para garantizar que la meta establecida sea efectivamente alcanzada.

En definitiva, el país se encuentra en un momento crucial en que es indispensable la implementación de un profundo ajuste del gasto fiscal, junto con una gestión responsable. Esto no solo restaurará la estabilidad y confianza en las finanzas públicas, sino que también fortalecerá la credibilidad institucional y la posición económica de Chile en el ámbito internacional. Para el próximo gobierno, comenzar su mandato con una base financiera sólida y confiable será fundamental para abrir el camino hacia un futuro más próspero.

Por Jorge Hermann, economista