La calidad de la educación en Chile sigue siendo un desafío fundamental. Aunque se han implementado diversas reformas en las últimas décadas, persisten brechas significativas en los resultados de aprendizaje, la infraestructura y las oportunidades educativas, especialmente en sectores vulnerables. En este contexto, la experiencia del Liceo Bicentenario Juan Pablo II de Alto Hospicio nos ofrece una lección valiosa: la concesión de la administración de establecimientos a entidades privadas de desempeño destacado puede ser un modelo efectivo para mejorar la calidad de la educación pública en corto o mediano plazo.
El caso de este liceo es emblemático. A través de la colaboración con la Fundación Collahuasi, este establecimiento pasó de enfrentar graves problemas académicos y de convivencia a convertirse en un referente educativo, con resultados sobresalientes en pruebas estandarizadas y un aumento considerable en la matrícula. Este éxito fue posible gracias a un enfoque integral que combinó la inversión en infraestructura adecuada, un currículum pertinente, priorización de iniciativas para promover el bienestar socioemocional y liderazgo directivo. Sin embargo, este modelo sigue siendo una excepción en el sistema chileno, debido a restricciones normativas que limitan la participación de actores privados en la gestión de colegios públicos.
Desde una perspectiva comparada, la experiencia de los Países Bajos y del Reino Unido han demostrado que los sistemas mixtos, donde conviven administradores públicos y privados bajo altos estándares regulatorios, pueden generar mejores resultados educativos. En estos casos, la competencia y la colaboración entre ambos sectores han fomentado la innovación, la diversidad de proyectos educativos y una mayor participación de las familias en la elección de los establecimientos, obteniendo resultados destacables.
Chile cuenta con las bases para desarrollar un modelo similar, pero esto requiere superar las limitaciones actuales, como las impuestas por la Ley de Inclusión Escolar, que ha restringido el surgimiento de nuevos colegios particulares subvencionados. También es necesario promover mecanismos que permitan la administración delegada de establecimientos estatales con malos resultados a organizaciones con una trayectoria comprobada en la entrega de educación de calidad, asegurando así que las familias puedan acceder a mejores opciones educativas.
Propuestas como estas no buscan reemplazar el rol del Estado de garantizar el derecho a la educación, sino complementarlo mediante la incorporación de actores que puedan aportar conocimiento, recursos y enfoques innovadores. Además, cualquier concesión o delegación debe estar regulada por altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, asegurando que el foco principal sea el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes en el aula.
La educación es un derecho fundamental, y como sociedad debemos estar abiertos a explorar todas las vías que nos permitan garantizarlo de manera efectiva. Autorizar la concesión de colegios a entidades privadas de alto desempeño no solo puede contribuir a resolver problemas estructurales de nuestro sistema educativo, sino que también ofrece una oportunidad para que las mejores prácticas se extiendan y beneficien a más estudiantes a lo largo del país.
Por José Manuel Astorga, Pivotes
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