Columna de José Miguel Ahumada: Libre comercio y la batalla de Honduras

“¿Quién quiere comprar Honduras?” titulaba The New York Times el año 2012. La pregunta no era retórica, sino literal. Por aquella época, el entonces presidente hondureño Hernández lanzó su proyecto de crear zonas especiales para inversiones, denominados ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), con el objetivo de relanzar la economía. Las ZEDE eran una verdadera utopía libertaria: territorios exentos de pagos de aranceles o impuestos, donde a los inversionistas se les permitía implementar sus propias cortes, sistemas judiciales, educacionales y laborales, sin “interferencia” de la República de Honduras.

Esta oferta fue tomada por la empresa estadounidense Honduras Próspera, que se propuso crear, en la isla de Roatán, una ciudad privada cuasi-independiente. En palabras de Joel Bomgar, político norteamericano y presidente de Próspera, “es la primera vez en la historia de la humanidad que un grupo de personas dice que hay una forma privatizada de prestar servicios de gobierno, con ánimo de lucro…”. Próspera ofrece sus propios sistemas de justicia, a través del Centro de Arbitraje Próspera, las empresas pueden adoptar normativas a partir de un set de alternativas, y la participación en esta ciudad es libre, sujeto al previo pago 1.300 dólares.

Lo anterior puede parecer muy radical. Sin embargo, como señala Quinn Slobodian en su reciente libro Crack-Up Capitalism, mirado detenidamente, no es más que una simple extensión del principio regulador del capitalismo contemporáneo, esto es, aislar al mercado de las dinámicas democráticas. Esta pretensión de independencia ya sucedió en el siglo XIX con las economías de enclave bananeras en Honduras, y hoy vuelve a suceder con Próspera.

Sin embargo, en respuesta a las protestas de la población indígena de Roatán contra la privatización de sus territorios por parte de Próspera, la actual presidenta Xiomara Castro ha decidido (cumpliendo valientemente con su programa de gobierno) declarar las ZEDE inconstitucionales y revocar la ley que les dio origen. Fernando García, el comisionado presidencial contra las ZEDE, afirma que el eje de la discusión es, precisamente, el asunto de la soberanía democrática contra gobiernos privados.

Ante estas acciones, la libertaria empresa Próspera no dudó en recurrir al Estado para clamar protección. A partir del TLC de Centro América y República Dominicana con Estados Unidos y el Acuerdo Bilateral de Inversión Estados Unidos-Honduras, Próspera demandó a Honduras ante el CIADI por 10.700 millones de dólares, equivalente a un tercio del presupuesto hondureño. En otras palabras, a partir de la red de acuerdos bilaterales de libre comercio e inversiones, Próspera busca “protegerse” de un gobierno que demanda respeto a su soberanía territorial más elemental.

En esto Estados Unidos ha tenido un doble discurso. Por un lado, precisamente considerando el sesgo proempresa que caracteriza a los tribunales de inversión ad hoc (ISDS), la modernización del acuerdo NAFTA (USMCA) restringió considerablemente su aplicación, y el presidente Biden se ha comprometido públicamente a no firmar ningún acuerdo que posea estos instrumentos. Sin embargo, Estados Unidos no ha manifestado ninguna acción para América Latina orientada a abrir las puertas a reformar este tipo de tribunales. En buenas cuentas, Estados Unidos posee un régimen de inversión ecuánime en su territorio, pero que convive en oposición a un régimen proempresa para sus socios latinoamericanos.

Honduras hoy es un laboratorio político donde vemos cómo la soberanía democrática entra en tensión con la globalización contemporánea. Pero, por sobre todo, en esta materia el gobierno hondureño hoy despunta como un ejemplo de valentía y audacia para nuestra región.