Columna de Juan Eduardo Saldivia: “¿Se protege a los consumidores si las empresas desaparecen?”

El Sernac, liderado por su director, ha iniciado demandas en defensa de interés difuso o colectivo de los consumidores en contra de cuatro empresas de servicios sanitarios por suspensiones de servicio (y nuevas interpretaciones a la ley del propio organismo). En ellas, y solo por discrepar en el criterio de compensación a los usuarios que ya se realizan, solicita que se apliquen irracionales multas, que para uno de los casos equivaldría a 43% del PIB de Chile en 2023. Si, pretende que se apliquen multas, a esa empresa, por más de US$100 mil millones (además del daño moral). En los otros tres casos las pretensiones son similares. No, no me equivoco en los números, esas son las cantidades demandadas. Cualquiera que vea esto comprenderá que, de resultar, las empresas quebrarían y con ello se acaba el modelo de asociación público-privada.

¿Qué empresa en Chile podría resistir al pago de una multa por estos montos? Como si viviéramos en mundos paralelos, este año conmemoramos 25 años de la alianza público-privada en la Región Metropolitana en el sector del abastecimiento de agua potable y del servicio de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas. Hay experiencias anteriores en algunas regiones (en Esval se inició en 1995). El modelo y sus resultados ha sido reconocido internacionalmente como exitoso. Los niveles de cobertura de los servicios son los más altos de América Latina e, incluso, superiores a los de algunos países europeos. Por lo tanto, la actitud del director de este organismo dista diametralmente del trabajo que el sector ha realizado con las autoridades de gobierno y que ha dado como resultado el progreso y desarrollo para el país.

La seguidilla de temporales que se han vivido en la zona central ha provocado la falla de algunos servicios (públicos y privados) pero, no ha habido afectaciones mayores a los servicios de agua potable y alcantarillado. Eso no es casualidad.

Las empresas sanitarias invierten entre US$ 500 y US$ 600 millones al año para garantizar y ampliar los servicios. Sin empresas ¿quién hará esas inversiones? El problema tiene otras aristas, las empresas son controladas por inversionistas canadienses, japoneses, colombianos y españoles (también hay chilenos). ¿Qué estarán pensando esos inversionistas acerca de lo que pasa en Chile, siendo que la certeza jurídica ha sido un factor ejemplar de nuestro país? No es muy difícil la respuesta. ¿Quién detiene esta locura?