Columna de Juan Ignacio Brito: Consideraciones sobre la regularización de migrantes

Tres consideraciones acerca de la regularización de migrantes que propone La Moneda.

La primera es que parece olvidarse que el gobierno aseguró con nitidez que el empadronamiento biométrico que está en el origen del actual anuncio no conduciría a la regularización sino en contadas ocasiones. A nadie parece molestarle la flagrante contradicción, que es mencionada solo al pasar por pocos y abiertamente ignorada por muchos comentaristas. Debería ser considerado grave que las autoridades recurran al engaño para llevar adelante políticas públicas y que, peor aún, lo hagan con desenfado, sin presentar justificación alguna. La explicación de que la medida se adopta por razones de seguridad y económicas debió haber sido introducida en el origen del proceso, no ahora que los hechos están prácticamente consumados.

Que la autoridad falte a su palabra contribuye de manera silenciosa a incrementar la desconfianza hacia las instituciones y la política, algo que al gobierno y los comentaristas debería interesarles.

La segunda es que resulta totalmente insuficiente citar un par de estudios del BID y el Banco Mundial y elaborar una minuta interna como prueba de que la regularización propuesta no incentivará la llegada de nuevos migrantes. El problema con los estudios de expertos es que siempre aparece otro similar que dice exactamente lo contrario (eso ya ha ocurrido en este caso). Por lo demás, si los análisis resultan equivocados, ¿quién se hará cargo del error cuando la leche ya esté derramada?

Para desestimar de manera creíble el “efecto llamado”, el gobierno debería anunciar medidas concretas que apunten a impedir incluso la posibilidad de que este se concrete, en especial ahora que en Venezuela se aproxima una crisis en enero que podría inducir un nuevo ciclo migratorio. Sin embargo, nada se sabe sobre un plan para reforzar la frontera. Si tiene lugar el “efecto llamado”, una probabilidad plausible, Chile se verá desbordado sin remedio.

Y la tercera es que sería bueno que, alguna vez al menos, las autoridades escuchen la opinión de los segmentos directamente más afectados por la inmigración al decidir sobre este tipo de cuestiones. No es a la élite -ni a los empresarios, que felicitaron al gobierno por su iniciativa porque ven en ella la posibilidad de acceder a mano de obra- a quien impacta el arribo de extranjeros, sino a los que ven invadidos sus barrios, fuentes de trabajo y centros de atención médica, a los que pierden cupos en colegios y se exponen a salarios reducidos, la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, durante años, los tomadores de decisiones han descalificado los reclamos de esos ciudadanos y han tildado de “populista” a quien se atreva a defenderlos. La decisión contumaz de desoírlos es antidemocrática e instala una bomba de tiempo cuyo estallido podríamos lamentar.

Por Juan Ignacio Brito, periodista