Columna de Juan José Obach: Nobel 2024, Chile y sus instituciones

Esta semana, los economistas Daron Acemoglu (MIT), Simon Jhonson (MIT) y James Robinson (U. de Chicago) fueron galardonados con el Premio Nobel 2024 por su notable contribución a la pregunta más importante en economía: ¿Por qué unos países son ricos y otros pobres? La respuesta radicaría en la calidad de sus instituciones.

En su icónico paper “The Colonial Origins of Comparative Development” (2001), demuestran que solo aquellas colonias inglesas que establecieron instituciones “inclusivas” lograron un desarrollo económico sostenido en el tiempo. Su obra rellena el vacío que dejaba el modelo clásico de crecimiento económico basado en la acumulación de factores (Solow, 1956) y enriquece el aporte de Douglas North (Nobel 1993). En simple, las instituciones “inclusivas” logran desconcentrar el poder y generan incentivos para la inversión, innovación y el crecimiento.

¿Qué lecciones podemos extraer de la obra de estos autores para Chile? Los motores de crecimiento del país se apagaron estrepitosamente hace una década, y ante eventos históricos (o “coyunturas críticas”, como ellos los denominan), nuestra clase dirigente no ha estado a la altura, generando un círculo vicioso de deterioro institucional que nos tiene empantanados.

Si nuestro sistema político fuera “inclusivo”, tendríamos un Congreso capaz de forjar acuerdos con los gobiernos de turno en reformas estructurales como pensiones o salud. Por el contrario, solo vemos fragmentación, bloqueos y un discurso polarizado, que refuerza la división y confrontación. La danza de acusaciones constitucionales de los últimos años así lo refleja.

Si nuestras instituciones económicas fueran “inclusivas”, estaríamos discutiendo cómo tener un régimen más atractivo para atraer inversión, más competencia en los mercados y una élite más permeable, anclada en el mérito. Sin embargo, estamos más preocupados de extraer rentas y de poner infinitas cortapisas, trabas y obstáculos a cualquier proyecto de inversión.

Si nuestro sistema de justicia fuera “inclusivo”, estaríamos hablando de mejorar y transparentar el desempeño de fiscales y jueces o dotar de mayor inteligencia al sistema para contrarrestar la actual crisis de seguridad. Sin embargo, tenemos un sistema de notarios cerrado y rentista, y últimamente vemos a fiscales y jueces más preocupados del tráfico de influencias, pagar favores y asegurar sus puestos de trabajo.

Si nos tomáramos en serio la importancia de contar con una sociedad civil vigorosa, para que -como plantean Acemoglu y Robinson- transitemos por el “corredor estrecho” de la libertad (2019), estaríamos potenciando su participación en nuestro sistema educativo o de salud. Sin embargo, llevamos más de una década coartando su labor. La Ley de Inclusión Escolar (2015) o el reciente proyecto que elimina el CAE, así lo demuestran.

“Chile es una especie de punto de inflexión, este modelo ya no puede continuar”, dijo Robinson en su última visita al país. Debemos tomarnos en serio sus palabras y hacer frente a nuestro deterioro institucional. Es el primer paso para retomar el camino al desarrollo.

Por Juan José Obach, director ejecutivo Horizontal