Columna de Juan José Obach: Permisos, necesitamos más que un fast-track

La inversión dejó de ser un motor de crecimiento. Si en los 2000, la formación bruta de capital fijo crecía al 9% anual, en la última década (sin contabilizar la pandemia) se estancó en un magro 0,6%. Uno de los principales factores detrás de este frenazo es una excesiva, fragmentada y poco coherente regulación para aprobar proyectos de inversión. Con 400 tipos de permisos y tiempos promedios de tramitación de 7 años para proyectos grandes, se vuelve difícil argumentar que la “permisología” no es un problema mayor.

Lo positivo es que hoy existe una voluntad transversal para solucionar el problema. El gobierno ya presentó dos proyectos de ley y habla de construir una cárcel en modo fast-track. Desde la academia y sociedad civil también se han hecho propuestos como incorporar procesos previos (pre-screening) o modelos “super fast-track” para proyectos verdes (siguiendo el modelo FAST-41 de USA). Aunque valiosas, me temo que estas medidas por sí solas no son suficientes. La burocracia kafkiana a la que se enfrentan los proyectos de inversión obliga a pensar el tema “desde cero”.

El primer (y más complejo) desafío no es legal, sino cultural. Si no cambiamos la cultura funcionaria, no avanzaremos. Para los funcionarios públicos encargados de evaluar proyectos, el beneficio de hacer bien su trabajo es nulo y el costo de equivocarse, alto. Resultado: inmovilismo y cultura de la desconfianza. ¿Por qué no movernos a una lógica cooperativa entre funcionarios públicos y privados para mejorar los proyectos? Para esto debemos desprendernos de la camisa de fuerza que impone el estatuto administrativo y reformarlo hacia una carrera funcionaria de carácter técnica y meritocrática y con más atribuciones a los jefes de servicio.

También debemos dejar atrás la lógica de la evaluación individual donde, sometidos a la discrecionalidad del evaluador de turno, los proyectos deben demostrar que cumplirán los estándares. Esto genera excesivas iteraciones, con observaciones que muchas veces sobrepasan las atribuciones de los servicios públicos. Por el contrario, debemos avanzar hacia la estandarización de variables objetivas (ambientales y sociales) para tener una tramitación ágil y luego dar paso a una fiscalización ex-post. En simple, un sistema menos intervencionista y más inspirado en la tradición de países anglosajones como Australia y Canadá.

Por último, no podemos soslayar las pobres capacidades de gestión de instituciones críticas como el Consejo de Monumentos o CONAF. Resguardando siempre altos estándares de probidad y transparencia deberíamos evaluar lógicas de financiamiento público/privado, con fondos ciegos donde los privados también aporten con recursos para contratar más evaluadores, mejorar sistemas y capacidades de estas instituciones.

Las propuestas aquí delineadas no son fáciles de llevar a cabo, son estructurales, tocan intereses de diversos grupos y requieren una mirada política de largo plazo, cada vez más ausente en nuestra clase política. La tarea es compleja, pero bien vale la pena si de verdad queremos que la inversión vuelva a ser un motor de crecimiento.

Por Juan José Obach, Director ejecutivo Horizontal.