Columna de Lucía Dammert: La importancia de la prevención del delito
En los últimos años las políticas de seguridad ciudadana se han concentrado en la respuesta policial, el fortalecimiento de la capacidad de investigación criminal y una amplia agenda legislativa que busca principalmente aumentar castigos y fortalecer la persecución. El diagnóstico que pone énfasis en la presencia de organizaciones criminales principalmente vinculadas con el tráfico de drogas, ha llevado a que por ejemplo el gobierno apruebe la política nacional contra el crimen organizado antes que el diseño de una política nacional de seguridad ciudadana o una estrategia específica del sector. Esta priorización, vinculada con el aumento de los homicidios y de hechos de alta violencia en el país, busca responder una profunda sensación de temor e impunidad.
Es importante reconocer que la criminalidad organizada se desarrolla con rapidez por la presencia de al menos cuatro dimensiones: (1) factores de riesgo para la población juvenil e infantil para el desarrollo de carreras criminales como la carencia casi absoluta de programas para enfrentar el consumo problemático de alcohol y drogas o para los problemas de salud mental. También el aumento del abandono escolar y la consolidación del uso de la violencia para resolver todo tipo de problemas dentro del hogar; (2) espacios territoriales de alta precariedad, sin espacios públicos de calidad, poca iluminación, o la instalación de microbasurales; (3) la limitada capacidad de control por parte de autoridades policiales y gubernamentales sobre la venta de alcohol, las casas de juego, o la explotación sexual callejera; (4) la ausencia real del Estado en sus diversas instituciones en muchos territorios.
Para enfrentar estas dimensiones se requiere de políticas de prevención que sean priorizadas por el discurso y la actuación política. Que no sólo involucren aumentos presupuestarios sino también consoliden iniciativas de largo plazo que enfaticen en la importancia de la prevención. Entendida no como iniciativas destinadas a la población en general sino focalizadas en jóvenes y niños que viven en vinculación con ambientes violentos. Todos los estudios reconocen la necesidad y la efectividad de estas medidas frente a las de control, que en general, tienen efectos limitados.
La prevención es una tarea multidimensional donde alcaldes y gobernadores pueden y deben jugar roles centrales. La propuesta de un Ministerio de Seguridad no puede obviar esta importante área de política pública, en el actual diseño institucional la prevención está física y narrativamente fuera del centro de la discusión. Esta posición secundaria tiene que ser revisada para avanzar con diseños sólidos de políticas que permitan hacernos cargo del tema de mayor preocupación ciudadana pero también enfaticen que con más cárceles y más policías no se solucionan los problemas de fondo. El país requiere transformaciones institucionales, acuerdos políticos de largo plazo y liderazgo que permitan reconocer la importancia y necesidad de la prevención de las violencias que hoy en día se han convertido en una forma cotidiana de vincularnos.
Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.
