Columna de Lucía Dammert: Segregación, fragmentación y temor al delito en la Región Metropolitana
La encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana (ENUSC) publicó los resultados de 2023. Una encuesta de calidad y rigurosidad reconocida que en esta ocasión incluye información a nivel comunal que debería permitirnos tener políticas públicas más efectivas. Los principales resultados muestran que la victimización de hogares se mantiene en 21,7% y el temor, si bien baja, aún se ubica en un rango de alta magnitud, con 87,6% de los entrevistados que creen que el delito ha aumentado el último año.
Chile es un país con temor y preocupación por el delito desde 1990. Suba o baje la victimización, el temor se instala en niveles muy altos, incluso comparado con países que tienen fenómenos delictuales profundamente más generalizados y violentos.
El temor es un problema social en sí mismo que requiere ser analizado y enfrentado con políticas públicas a nivel principalmente local. Si bien múltiples narrativas ponen énfasis en la posible influencia de los medios de comunicación y sus coberturas, pocos son los estudios que confirman esta posible causalidad. Pero esta vez la encuesta nos permite enfatizar la profunda desigualdad de las condiciones de violencias que existen territorialmente en el país, y especialmente en la Región Metropolitana. Más allá de la victimización, la presencia cotidiana de situaciones de violencia en el espacio público evidencia la profunda fragmentación socioterritorial sobre la que hemos construido nuestras ciudades.
Los primeros datos analizados (ver infografía) muestran al menos tres hechos claves: primero, los problemas que se enfrentan en el espacio público son diversos y, por ende, políticas públicas hipercentralizadas no sirven. Es hora de permitir que los alcaldes y alcaldesas tengan más músculo y financiamiento para el diseño e implementación de iniciativas destinadas a sus problemas, principalmente en la prevención, pero también en la coordinación de las acciones de control. Así, por ejemplo, en El Bosque y La Pintana las constantes balaceras reconocen la necesidad de presencia policial y mayor control en lugares específicos, mientras que en Maipú y Puente Alto el consumo de alcohol y drogas en las calles requiere de programas de fiscalización, limitación de patentes, presencia policial, uso de espacios públicos y programas destinados a consumidores problemáticos. Esto no quiere decir abandonar los otros problemas, pero priorizar es urgente.
Segundo, en las comunas de la zona oriente, que prácticamente no presentan los problemas analizados (y en general tienen menores niveles de victimización), pero tienen altos niveles de temor, se deberían potenciar programas de uso del espacio público, de participación comunitaria y generar sinergias con comunas vecinas que tienen presupuestos y personal policial y municipal mucho más restringidos. Avanzar en la segregación no asegura una vida libre de temor, muy por el contrario.
Tercero, las peleas con armas y la presencia de pandillas violentas son problemas importantes, pero aún focalizados en lugares específicos de comunas identificables. Situación que requiere de una estrategia policial regional, que identifique con inteligencia y capacidad operativa los modus operandi, las actividades ilícitas, el control territorial, los posibles mecanismos de corrupción, para así enfrentarlos de forma rápida e inteligente. Los gobernadores no pueden estar ausentes de esta conversación, muy por el contrario, deberían privilegiar los importantes recursos que se invierten anualmente en temas de seguridad en consolidar planes con objetivos claros y evaluaciones periódicas.
Para los que quieran decir que estamos muy mal, que la delincuencia está desatada y que todo es culpa de los actuales gobernantes, la realidad es bastante más compleja. Una encuesta similar desarrollada en 2016 mostró que aquellos que siempre o casi siempre perciben la presencia de balaceras en sus barrios era de 69% en La Pintana, 54% en Puente Alto y 57% en Estación Central. Mientras que 40% en La Pintana y 27% en Santiago siempre o casi siempre percibían la presencia de pandillas violentas. Los datos no permiten decir si estamos mejor o peor, pero sí confirmar que seguimos avanzando en la construcción de ciudades fragmentadas y segregadas, donde las experiencias de victimización, violencia y temor es muy diversa. Ojalá esta vez las respuestas de política pública avancen con mayor descentralización, evaluación de iniciativas y focalización en los esfuerzos de gestión en seguridad. Sin estos elementos, seguiremos actuando a ciegas, compitiendo entre autoridades y empobreciendo aún más la calidad de vida de los ciudadanos.
