Columna de Luis Eduardo Bresciani: Casen de Vivienda 2022, tarea de todos
Los recientes resultados de la Encuesta Casen Vivienda 2022, que establecen un déficit de 522.000 viviendas, reiteran la enorme magnitud de este problema. Esta es una de las heridas más graves de nuestra sociedad, afectando a más del 8% de las familias en Chile.
No todo son malas noticias, ya que desde el 2017 se ha registrado una reducción del 10% del déficit y desde 2006 los hogares allegados hacinados se han reducido a la mitad, siendo esta una de las expresiones más dramáticas del déficit habitacional. No obstante, las cifras siguen siendo preocupantes, con tendencias aún más graves, como el aumento del 50% de los hogares en campamentos y la duplicación del porcentaje de familias con problemas de acceso a la vivienda -que deben gastar más del 30% del gasto familiar en este ítem- lo cual profundiza la pobreza.
Aunque es positivo que en cinco años se redujera el déficit en 61 mil viviendas, a este ritmo recién en el año 2067 lograremos resolver este flagelo urbano. Lo anterior, si no existen nuevas crisis migratorias y económicas. Por eso sostengo que con los mismos instrumentos públicos de siempre y menos actores levantando proyectos, jamás cambiaremos esta tendencia.
Para avanzar existe consenso que se requiere expandir la generación de más y mejores proyectos de vivienda y barrios, facilitando la gestión del suelo y diseños más participativos, integrados y apropiados a la realidad local, desde grandes proyectos urbanos hasta pequeños proyectos al interior de los barrios. Pero no basta con más recursos, pues sabemos que más subsidios no generan necesariamente más proyectos de viviendas. Para ello es clave ampliar el número de actores públicos, privados y de la sociedad civil a cargo de gestionar nuevos proyectos.
Aunque es muy positivo que el ministro Carlos Montes anuncie que espera que los municipios asuman mayores responsabilidades, resulta desalentador que se anuncie que se reducirá el trabajo con entidades privadas sin fines de lucro, en una clara alusión a la crisis de confianzas generada por algunas fundaciones. El desafío no debiera ser limitar la participación, sino que mejorar la institucionalidad, la transparencia y controles para que todos los actores puedan aportar, en especial los que llevan décadas trabajando con comunidades vulnerables.
El ministro Carlos Montes está desarrollando una gran labor y los injustos ataques a su gestión no pueden destruir los espacios de colaboración que se requieren para enfrentar esta crisis urbana. Como sostiene el informe “Un nuevo trato para las Organizaciones de la Sociedad Civil”, Centro de Políticas Públicas UC (2019), para que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer un aporte al desarrollo del país, “es fundamental que se reconozca, transversalmente, la contribución que ellas hacen a través de la entrega de bienes y servicios a la población. Esto significa tomarlas mucho más en consideración a la hora de definir estrategias para abordar los problemas públicos”.
Luis Eduardo Bresciani Lecannelier, Director Escuela de Arquitectura UC Asesor Fundación Urbanismo Social Expresidente Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.
