Columna de Macarena García: Gatos por liebres... ¡Pero autocontenidos y autofinanciados!

Es habitual ver diversos esfuerzos de la autoridad eléctrica por recaudar recursos suficientes para subsidiar al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Pareciera que estamos frente a un proceso regular de diseño de política pública de apoyo a los más vulnerables. Pero esto es solo en apariencia. Un análisis profundo muestra que esta política representa un quiebre en la forma de legislar en nuestro país.

Es irregular, porque el principio de “autocontención y autofinanciamiento” que rige esta política es la negación misma de la responsabilidad fiscal, ya que cuando no hay recursos públicos disponibles para financiar una política pública, se buscan recursos privados para financiarla, eliminando todo incentivo a que el Estado priorice y focalice su gasto. Bajo este principio, los recursos que dispondrá el Estado pasan a ser ilimitados.

Es irregular, porque llama “cargo” a lo que en realidad es un impuesto, justificando así incumplir los principios tributarios constitucionales. Los cargos tienen sentido regulatorio: corrigen distorsiones entre actores del mercado o permiten el funcionamiento del mercado. A todas luces, esta política considera recaudación vía impuestos y no vía cargo. Hay que recordar que los principios constitucionales constituyen límites jurídicos frente a la potestad tributaria del Estado, con el objeto de proteger a los contribuyentes.

Es irregular, porque incumple el principio constitucional de la no afectación tributaria, que establece que los tributos recaudados deben ingresar al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. No cumplir este principio implica que la cobertura y profundidad de esta política social quedará determinada por los recursos recaudados y no por los beneficiarios que se busca ayudar.

Es irregular, porque incumple el principio constitucional de igualdad y justicia en las cargas públicas al establecer arbitrariamente cuáles serán los sectores que pagarán los impuestos.

Es irregular, porque busca levantar recursos para subsidiar familias que no han solicitado ayuda, sobredimensionando sustancialmente los recursos requeridos. El principio de focalización es fundamental para asegurar la responsabilidad fiscal.

Es irregular, porque permite a asociaciones de consumidores pedir la revisión de contratos de suministro pactados entre generadoras y distribuidoras. Abrir este espacio a aquellos que no fueron parte del contrato terminará politizando el mecanismo de revisión en la lógica consumidores contra empresas, generando mayor incertidumbre.

Es irregular, porque se introducen una serie de peligrosas modificaciones a las reglas del juego con las cuales inversionistas tomaron sus decisiones y arriesgaron sus recursos.

Este peligroso quiebre en nuestra forma de legislar parece haber llegado para quedarse. Recordemos que, en julio pasado, en plena discusión de la condonación del CAE, el ministro Marcel explicó que no se busca una condonación, sino una “solución autocontenida y autofinanciada”. ¿Qué nos habrá querido decir?

Por Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo