Columna de Macarena García: No tengo pruebas, pero tampoco dudas

Los recientes eventos climáticos hicieron patente que la modernidad nos ha vuelto “electrodependientes”: calefacción, refrigeración, alimentación, conectividad, iluminación, seguridad, salud, etc. Superada esta crisis de prolongados y masivos cortes eléctricos, y de la búsqueda impetuosa de culpables, debe primar la hora de los aprendizajes para impedir la ocurrencia de nuevos hechos similares.

¿Será la “solución” caducar alguna concesión, aumentar aún más las elevadas multas, o crear una estatal chilena que desarrolle musculatura? No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que estas “soluciones” no evitarán que esto se repita.

¿Caducar una concesión? Recuerdo las dificultades que ha enfrentado el regulador del sector sanitario al caducar algunas concesiones, tales como excesiva burocracia, lento proceso administrativo, pocos interesados en la nueva concesión, desafíos de la transición, etc. Y todo esto sin asegurar una mejora del servicio.

¿El Estado gestionando un servicio público? Recuerdo desde la exitosa vacunación durante el Covid hasta la entrega hace solo unos días de los útiles escolares de 2024, o el elevado costo fiscal de las iniciativas “gas a precio justo” o del ex Transantiago.

¿El Estado destinando recursos a inversión? Recuerdo desde las exitosas concesiones de carreteras del Presidente Lagos a la permanente subejecución del gasto público en capital para privilegiar gasto corriente, o la permanente extracción de todo el excedente de Codelco, obligando a la empresa a sobreendeudarse para realizar sus inversiones, o la imposibilidad del Estado de financiar las inversiones necesarias para el tratamiento de aguas servidas cuando las sanitarias eran estatales.

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que hasta acá no se vislumbran soluciones efectivas.

La solución debe considerar que el problema es sistémico, donde todos los actores tienen algún grado de responsabilidad: municipios, regulador (CNE y Ministerio de Energía), fiscalizador (SEC), empresas distribuidoras de electricidad, Subtel y vecinos. ¿Cómo han resuelto los municipios, los vecinos y las empresas distribuidoras la plantación y poda preventiva de árboles? ¿Por qué el Ministerio de Energía no ha enviado el proyecto de ley prometido en 2022 donde se reforzaría las hoy limitadas atribuciones de la SEC? ¿Por qué la empresa modelo no refleja adecuadamente los estándares y criterios de la calidad del servicio requerido para enfrentar eventos extremos generados por el cambio climático? ¿Por qué la Subtel no ha enviado el reglamento de la “Ley Chao Cables” después de cinco años de su promulgación? ¿Por qué las empresas de distribución comunicaron tan mal los problemas y soluciones? ¿Por qué el regulador pensó que aplicar y renovar sucesivos PEC no iba a tener consecuencias en las decisiones de la industria eléctrica?

Mientras los distintos actores involucrados no tomen conciencia de que sus decisiones de política pública (o falta de ellas) tienen consecuencias, difícilmente estaremos en condiciones adecuadas para enfrentar eventos que son cada vez menos extraordinarios.

Por Macarena García, economista senior LyD