Columna de Macarena Rodríguez: Un esqueleto en el armario

Tener un esqueleto en el armario es una antigua metáfora inglesa que se usa para indicar que se está frente a un secreto inconfesable. Pues bien, nuestra política migratoria tiene un esqueleto en el armario y a propósito de los últimos acontecimientos que se viven en Venezuela cobra mayor relevancia.

El secreto es que, desde que se inició el éxodo masivo de personas venezolanas producto de la fuerte crisis generada por el régimen autoritario de Maduro, Chile, a diferencia de otros países de la región, no ha dado ninguna respuesta, con medidas serías y responsables, a la situación de quienes han llegado buscando esa oportunidad que en su país no tienen.

Desde 2019 se aplica un visto consular que impide a las personas venezolanas ingresar de manera regular cuando se encuentran en la frontera chilena. Las personas no dejan de migrar por esta medida, sino que ingresan por pasos no habilitados. Decirles que ingresen de manera regular, como si estuviese a su alcance hacerlo, no es más que un eufemismo.

Una vez en el territorio nacional, no importa cuán trabajadores, responsables y honestos puedan ser, no hay forma de que puedan acceder a un permiso de residencia. A pesar de existir posibilidades para ello en la ley, la autoridad no les permite, bajo ninguna circunstancia, contar con un permiso de residencia regular.

En el pasado, frente a este tipo de situaciones (de personas en situación irregular) se implementaron en Chile procesos de regularización extraordinaria; en particular, los procesos de 1998, 2007 y 2018 dan cuenta de ello. En América Latina y el Caribe se implementaron 51 procesos de regularización entre 2010 y 2019; y entre 2021 y 2022, otros 14 procesos.

Contar con un permiso de residencia regular es una herramienta de inclusión legal, social, económica y cultural efectiva y que además ayuda a que no sean tratados como delincuentes, diferenciándolos de las bandas de crimen organizado. Tener un estatus legal contribuye a la seguridad porque las personas tienen cédula y el Estado tiene su identidad y trazabilidad. Sin embargo, la falta de esta visión y de valentía política para explicar e implementar medidas de esta naturaleza nos tiene hasta hoy paralizados.

Además, algunos de quienes huyen porque su vida, seguridad o libertad se ven amenazadas en Venezuela solicitan refugio en Chile, pero de más de 12.000 solicitudes de venezolano/as, solo se ha reconocido como refugiados a 68.

No basta con condenar lo que ocurre en Venezuela, si no hay coherencia con ese discurso a nivel interno. Adoptar medidas como regularizaciones extraordinarias y reconocer la condición de refugiado (incluso a través de procedimientos especialmente pensados para flujos masivos) no es “buenismo”, sino cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado de Chile y, a la vez, una medida adecuada, necesaria y urgente para el propio desarrollo integral del país.

Por Macarena Rodríguez, académica U. Alberto Hurtado y miembro del directorio de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes