Desde el gobierno de Ricardo Lagos, con más o menos entusiasmo, se han hecho esfuerzos para resolver la deuda de los profesores. Ha habido mesas de diálogo que han resultado infructuosas, propuestas como las de los presidentes Bachelet y Piñera desestimadas por ser consideradas parciales o simplemente simbólicas por parte del Colegio de Profesores y así. Hasta el día de hoy, se sigue arrastrando la deuda, convirtiéndose en la espina del zapato del Ministerio de Educación y en la principal bandera de lucha del gremio de profesores.
El problema es el costo que supone para el Estado pagar la deuda, y los ministros de Educación de diversos colores políticos así lo han declarado. A pesar de ello, el Presidente Boric se comprometió a darle solución y presentó ya su propuesta: un pago (bono reparatorio) de 4,5 millones a todos los profesores adeudados, el cual se pagará por grupos durante seis años y que tendría en total un valor de $259.020 millones de pesos.
El esfuerzo puede ser encomiable, sin embargo, el problema está en aquello a que se enfrenta todo gobierno: los recursos son escasos y las necesidades múltiples, y por esto la decisión a qué necesidades se dará prioridad es lo que diferencia a unos y otros. Priorizar es gobernar, como dicen algunos. Y este gobierno ha priorizado dos urgencias que, a su juicio, se tratan de injusticias que no podemos seguir tolerando: el CAE y la deuda de profesores. Sin menospreciar esta última (el CAE exige otra discusión), vale hacerse la pregunta si acaso su priorización no deja de lado otras urgencias aún más profundas. Un ejemplo como muestra: la deuda con todos aquellos niños y jóvenes que han visto vulnerados sus derechos, a quienes tenemos en listas de espera, o hacinados en residencias porque el Estado no ha creado la nueva oferta luego del cierre de los centros de reparación especializada de administración directa (CREAD) con la implementación del nuevo Servicio de Protección Especializado.
A pesar de lo presentado por el Ejecutivo, parece que este esfuerzo no estaría siendo suficiente. El presidente del Colegio de Profesores ya manifestó su decepción ante la propuesta. Y es que el gremio ha transformado la deuda en un instrumento político que le permite manejar la agenda y presionar al Mineduc. Esta organización ya no responde a razones, se trata de un todo o nada. Prueba de ello son los extensos paros que han llevado adelante sin reparos.
El problema es complejo y nos enfrenta a decisiones difíciles. No caben aquí los simplismos que buscan generar categorías de buenos y malos, como si algunos sectores políticos estuvieran contra los profesores y otros a favor. Es posible reconocer la deuda y aún así pensar que la propuesta del gobierno resulta imprudente en el contexto actual. Del mismo modo, se puede empatizar con los profesores y criticar la instrumentalización que ha hecho el Colegio, especialmente si luego de la votación que tendrán la próxima semana deciden rechazar la propuesta.
Si de algo podemos sacar lecciones es la preocupación por no generar futuras deudas históricas fruto de decisiones del Estado. Lamentablemente, no está claro si nuestro país ha aprendido esta lección. A juzgar por las propuestas en Isapres, pensiones, la implementación de Mejor Niñez entre otras muchas, es posible que estemos acumulando las nuevas deudas de mañana.
Por Magdalena Vergara, directora de Estudios de IdeaPaís
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