Columna de María de los Ángeles Fernández: ¿Está Boric cuidando la democracia?

No se han escatimado elogios al rotundo rechazo del Presidente Gabriel Boric frente al fraude electoral gestado por Nicolás Maduro. Y es que había muchas ganas de escuchar, por boca de algún exponente destacado de esa izquierda latinoamericana que acumula más de dos décadas de hacer la vista gorda frente a los excesos de una revolución devenida en gorilismo, algún intento de llamar a las cosas por su nombre (“no hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones”). Lo que es en el plano internacional, el Presidente chileno estaría rindiendo tributo a una de sus promesas del discurso de la noche de su triunfo electoral, donde afirmaba que “cuidaría la democracia”.

Si trasladamos ese mismo celo al ámbito doméstico, especialmente por la necesidad de unas reformas políticas a las que les presta sustento el acuerdo transversal del comité de expertos del segundo proceso constituyente, el asunto se torna más difuso. El diagnóstico parece claro: un sistema partidista hiperfragmentado y difícilmente gobernable frente al sostenido aumento de diputados díscolos. Recordemos que tal situación encuentra a Chile situado en el club de “democracias defectuosas”, según el más reciente ranking de The Economist.

Por ello, resulta legítimo preguntarse si el Mandatario estaría cuidando efectivamente la democracia. No hay que olvidar su falta de prescindencia en la campaña del primer plebiscito constitucional, jugándose por el “Apruebo”, actitud que parece tentado a seguir usando con la munición que le brinda el caso Audio. Súmese a ello los movimientos de La Moneda en relación con la obligatoriedad del voto que se zanjó con una multa irrisoria.

La prensa ilustra las posturas frente a una reforma que se pretende acotada, con lógicas resistencias en los partidos más pequeños, así como aspiraciones maximalistas del Partido Comunista que parecen buscar que nada se haga. Pero lo más preocupante es, por lejos, el marco de sentido que estructura los debates. No se trata solo de la extrañeza que produce que la discusión en torno a la creación de un Ministerio de Seguridad Pública transcurra por un carril distinto, sino porque cualquier intento de reforma política obliga a interrogarse por su potencial impacto en la crisis de seguridad que asola al país. Así lo ha advertido la expresidenta de Transparencia Internacional Delia Ferreira, para quien temas como el poder de los partidos en materia electoral o las atribuciones de autoridades centrales y locales, por ejemplo, no pueden, hoy día, disociarse de su vinculación con la generación de ambientes propicios para el crimen organizado.

En síntesis, se trata de romper las visiones tipo “silo” que suelen caracterizar los procesos de reforma, intentando ver el rompecabezas completo.

Por María de los Ángeles Fernández, doctora en Ciencia Política