Columna de María José Naudon: La empresa y la plaza pública

Hace unos días tuve la oportunidad de participar en una conversación sobre el papel que las empresas deben desempeñar en la sociedad. La discusión giró en torno a una pregunta central: ¿Deben los líderes empresariales involucrarse en política y en los debates públicos? ¿Existe algún límite para esto? Al igual que en la mesa donde me encontraba, la respuesta en el mundo no es unívoca. Existen pros y contras bien analizados sobre la participación de las empresas en la nueva “plaza pública”, que abarca desde medios de comunicación y redes sociales, hasta conferencias, entrevistas, plataformas digitales y cualquier otro espacio donde se debaten y expresan opiniones sobre temas sociales y políticos.

Para quienes están a favor, esta es la “nueva normalidad” impulsada por la creciente demanda de empleados, inversores y consumidores para que las empresas adopten posiciones claras sobre temas sociales relevantes. La polarización de la sociedad ha transformado ciertos asuntos en banderas de lucha que las empresas no pueden ignorar. Diversas encuestas confirman que la opinión pública respalda que estas se pronuncien sobre temas como la igualdad salarial y el acoso sexual. En este contexto una postura neutral puede interpretarse como una declaración política, lo que convierte la inacción en una consideración relevante.

Sin embargo, para quienes son más escépticos, existen riesgos significativos para los ejecutivos o empresarios que deciden intervenir en temas políticos. Tomar una postura puede, por ejemplo, alienar a una parte importante de sus clientes o inversores o bien generar expectativas infundadas. La empresa tiene capacidad de influencia, pero su margen para generar cambios sistémicos es limitado. Por otro lado, involucrarse en debates políticos puede interpretarse como un intento de imponer valores o intereses personales o corporativos a la sociedad en su conjunto. La relación política, poder y dinero ha sido un dilema permanente en América latina generando enormes impactos en la integridad democrática.

Por eso, si aceptamos que la participación es “la nueva normalidad”, la siguiente pregunta es si esta debería limitarse a aquellos temas que afectan directamente o indirectamente a la empresa en cuestión, o si debería ser más expansiva. Asuntos como la estabilidad, la regulación económica, la seguridad jurídica y social, o la permisología, parecen caer en la primera categoría. En estos casos, la postura empresarial puede ofrecer una visión valiosa, ya que experimentan, de primera mano, los obstáculos que dificultan el desarrollo y la inversión, con consecuencias dramáticas para el crecimiento del país. Sin embargo, en temas ajenos al ámbito empresarial, la participación podría percibirse como una intromisión innecesaria o inadecuada.

Es aquí donde la transparencia juega un papel crucial. Para que la participación empresarial en el debate público sea legítima y efectiva, debe estar basada en la defensa de ideas y principios claros, no en la promoción de intereses particulares. La transparencia en sus posturas y motivaciones permitirá que las empresas sean vistas como actores que contribuyen al bien común y no como entidades que buscan influir en la política únicamente para su propio beneficio. Solo de esta forma podrán fortalecer la confianza en su rol dentro de la sociedad, y su intervención será percibida como un aporte necesario. La forma y el modo son centrales en esta cuestión.

Más allá de lo discusión anterior, existe una necesidad urgente de que las empresas desempeñen un papel activo en la mejora del país y el fortalecimiento del tejido social. Ya no se trata solo de una apuesta por la sostenibilidad de su negocio, sino de una responsabilidad que no puede ser ignorada. Frente a un estado incapaz de cumplir con las expectativas para las cuales fue concebido y con la consiguiente desconfianza en el futuro, se abren peligrosos espacios para el populismo y el autoritarismo, sistemas que se nutren de la desesperanza de los ciudadanos.

Hay extraordinarios ejemplos de empresas que realizan labores en áreas como la educación, la integración y el rescate de tradiciones, generando un profundo orgullo, identidad y sentido de pertenencia en las comunidades donde operan.

Avillanar la acción empresarial no es el camino, tampoco lo es victimizarse. Las empresas deben separar claramente sus intereses privados de su rol en la sociedad, para así contribuir desde la “plaza pública”.

Por María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la UAI.