Chile se encuentra en una crisis de seguridad que obliga al gobierno y a las fuerzas políticas a tomar decisiones difíciles y a menudo impopulares. La violencia, los homicidios y el crimen organizado requieren respuestas contundentes y coordinadas. En este contexto, el Partido Comunista (PC) ha emitido una declaración que no deja de sorprender. En ella sostuvo que los “flagelos (crimen organizado y el narcotráfico) no solo amenazan la integridad del territorio nacional y la vigencia del Estado de Derecho, sino que también socavan nuestro sistema social, político y financiero”. Tras este diagnóstico, su comunicación insta al gobierno a la coordinación frente al grave peligro para la seguridad ciudadana y llama a unirse en un gran acuerdo nacional para fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho.
El llamado sería loable si no fuera porque proviene de un partido que, hace poco días, ha cuestionado severamente la legitimidad de un operativo policial, sugiriendo incluso la posibilidad de un montaje. Ha puesto a su gobierno en una muy complicada situación y ha obligado a la ministra del Interior a aclarar que en democracia no pueden haber arsenales, ni acciones ilegales por parte de los ciudadanos.
Aquí es donde radica la ironía: no se puede, por un lado, abogar por el fortalecimiento del Estado de Derecho y, por otro socavarlo enlodando, con acusaciones sin fundamento, las acciones legítimas del Estado y cuestionando el ejercicio del monopolio de la fuerza. Tal incoherencia no solo debilita la posición del PC, sino complica la labor del gobierno en su intento de gestionar la crisis de seguridad de manera efectiva.
Además, la última declaración pública del PC no puede entenderse sin confrontarla, al menos, con su historia reciente. La exigencia mínima de credibilidad implica que las declaraciones deben ser consecuentes con los hechos, y en este caso, no es así. La falta de coherencia en la postura del PC no es nueva y sus acciones y declaraciones han planteado serias dudas sobre su verdadero compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad del país y la democracia en general.
Quizá la principal tensión reside en que el PC vincula la actual crisis de seguridad a las condiciones estructurales de desigualdad, pobreza y falta de oportunidades, operando en su apreciación un enorme sesgo de confirmación y olvidando otros factores igualmente relevantes. Entre ellos, resulta evidente que la falta de capacidad del Estado para hacer cumplir la ley también es un factor crítico. En países donde las instituciones son débiles, las organizaciones criminales pueden operar con mayor impunidad. Lo mismo ocurre con la cultura de la violencia: su normalización, validación como forma de hacer política e incluso su glorificación, asimilándola a una especie de heroísmo o resistencia, contribuyen a perpetuar ciclos de violencia y criminalidad. No se trata de ignorar la importancia de proponer un futuro, pero es crucial abordar estos problemas de manera integral.
Por ejemplo, a la hora de proponer acciones inmediatas el PC aboga por tramitar, rápidamente, la agenda corta de seguridad y mejorar la coordinación y recursos de las fuerzas de orden y seguridad. Naturalmente omite referirse a fortalecer el control policial y olvida, también, las vicisitudes del debate en normas que ellos han votado en contra. Esto sin contar su imposibilidad de reconocer a las graves violaciones a los Derechos Humanos en Cuba y Venezuela.
Esta falta de coherencia debilita la credibilidad de su postura. El llamado del PC tiene poco sustento. No podemos aceptar un discurso que se contradice a sí mismo. Es imperativo que todas las fuerzas políticas actúen de manera coherente y responsable para enfrentar los desafíos que amenazan la seguridad del país. El peso del PC y su oportunismo para revestirse de democrático, puede complicar este camino.
Por María José Naudon, abogada
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