La agenda de seguridad sigue tomándose el debate público y los vientos electorales parecen enturbiar una discusión que por su trascendencia debería abordarse sin contaminaciones cruzadas.
En el oficialismo, la tramitación de la ley Nain- Retamal dejó al descubierto una fractura donde las “líneas rojas” reflejan un quiebre ideológico y un pulso testimonial que se hace particularmente sensible frente a una elección inminente. Los llamados a una mayor coordinación esconden un profundo descontento con la agenda de seguridad y revelan que no existe por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista un voto de confianza en esta materia. La falsa dicotomía entre el ejercicio de la fuerza y el respecto a los derechos humanos es también expresión de aquello. En esta línea, el llamado del Presidente Boric a reflexionar por las actuaciones pasadas ha caído en tierra baldía obviando que, más allá de la evidente complejidad del problema y de su larga data, el debilitamiento de las instituciones, la ley y la autoridad, así como la validación de la violencia y la deslegitimación del uso de la fuerza estatal actuaron como abono innegable para el problema de la seguridad. Y aun cuando las tensiones intracoaliciones son recurrentes, el contexto deja abierta la pregunta sobre la posibilidad real de alcanzar un camino común al interior del gobierno o si, por el contrario, será la seguridad la que profundice las distancias y, eventualmente, desestabilice definitivamente las dos almas.
En la vereda de la oposición, la presión también se ha dejado sentir. Y una vez más la centroderecha se ha visto tensionada por los bordes. La forma de relación con La Moneda da cuenta de dos modos de estar en esta materia; una que aspira a negociar y alcanzar acuerdos y otra, que sigue ubicada en el rol de la trinchera y afirmada en el predicamento de no transar. Se suma a lo anterior el efecto Carter que, con una actuación protagónica en materia de seguridad, ha ocupado un espacio central en el debate y ha abierto, muy adelantadamente, la carrera presidencial. El dilema vuelve a ser, como lo fue también a raíz del proceso constituyente, la disyuntiva entre el largo y el corto plazo, pues la elección del 7 de mayo será una evidente medición de fuerzas. Es de esperar que la tentación no se concrete en un espíritu vociferante o en una arremetida contra la ministra del Interior, porque el negocio es malo desde todo punto de vista.
Pero quizá lo más preocupante es el protagonismo que la seguridad ha tomado en la campaña para consejeros constitucionales. Una y otra vez, y en todos los sectores, las promesas de los candidatos se asocian a la misma y, frente a lo anterior, cabe preguntarse si no estaremos cayendo en el mismo error que la anterior Convención cometió cuando indexó su devenir al término de los abusos. La crisis de seguridad es un fenómeno que no se resuelve exclusivamente con leyes o normas constitucionales, y cuyos efectos tampoco serán inmediatos. Entonces, asociar el proceso constituyente a las circunstancias contingentes puede aumentar una desafección ciudadana que, sin duda, es uno de los grandes riesgos del proceso actual. Esto sin considerar el peligro que resulta de incrementar la distancia entre la política y la ciudadanía. Si la primera vuelve a mostrarse incompetente, por prometer aquello que no puede cumplir, los populismos estarán a la orden del día.
