Poco duró la enhorabuena en torno al nuevo acuerdo constituyente. A poco andar surgieron, desde la izquierda firmante, señales que manifestaban la intención de modificarlo o de hacer correcciones. Días después, e ingresada la reforma constitucional que rehabilitará el proceso, un nuevo coro de voces apunta, vía indicaciones a la tramitación legislativa, al mismo objetivo.
¿Cómo interpretar estas declaraciones?
1. Parece evidente que la firma del acuerdo supuso una renuncia generacional e ideológica enorme y es posible pensar en un descuelgue difícil de controlar. El precio a pagar ha resultado demasiado alto para parte de la izquierda y, como la negociación política no es un ejercicio heroico sino pragmático, el equilibrio entre lo entregado y lo recibido resulta insatisfactorio.
2. Cabe preguntarse por qué concurrieron a la firma (más allá de consideraciones electorales y estratégicas conocidas). La respuesta la da Marcos Barraza cuando dice que el PC firmó el acuerdo “para no perder la capacidad de incidencia”. ¿Incidir en qué y cómo? Las declaraciones del exconvencional también lo explican: “Presionar a esta nueva instancia constituyente, para que las demandas del pueblo queden debidamente plasmadas”. ¿Cuáles serían esas demandas? Aquí se encuentra el centro del problema, porque es operativo atribuirse el rol de demiurgo del pueblo para defender ideas propias. Las élites (y esto opera en todo el espectro político) suelen tener enormes dificultades para comprender el sentimiento popular, que es arraigado y particularista en oposición al suyo, generalmente desarraigado y universalista. Mucho de esto hemos visto a raíz del fracaso del proceso anterior y, como un karma, parece repetirse hoy.
3. Pero hay otro punto particularmente complejo: la afirmación, como sostuvo Guillermo Teillier, de que la Constitución, eventualmente resultante, “no va a tener los parámetros democráticos y transformadores de la propuesta pasada”. Esta declaración permite pensar que se está construyendo un contexto de escasa legitimidad en torno a la nueva Constitución que habilitaría, en unos años más, un “razonable” reclamo al respecto. Si hoy no es posible, al menos queda diseñada la estrategia.
4. En la misma línea pueden entenderse las declaraciones del Presidente Boric: “Yo le quiero recordar a la gente que esto es la continuidad del proceso y que quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia perdimos, y no se puede dejar de considerar aquello. Perdimos por 62%”. Una vez más, el Presidente incorpora en su análisis la ambigüedad conciliadora con la que administra las almas de su coalición, pero resulta simple decodificar dónde está su corazón y concluir que, sin decirlo explícitamente, él también considera que una Constitución escrita bajo estas normas será menos democrática.
5. Visto así, el riesgo no está solo en abrir eventuales fisuras de legitimidad, sino en seguir obviando que la actitud durante el proceso es tan relevante como el proceso mismo. Mejorar o redefinir espacios, no es lo mismo que rediseñar los marcos. Actitudes como estas (y otras que puedan venir) solo acrecentarán la desafección ciudadana y abrirán espacios de vociferación para quienes están fuera del acuerdo, contaminando un proceso que no tiene espacio para fallar.
Por María José Naudon, abogada
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