El sistema judicial chileno enfrenta un tema crucial: la necesidad de reformar el mecanismo de nombramientos para garantizar transparencia, objetividad y meritocracia.
Tras los últimos hechos conocidos a través de los medios de comunicación y que nuevamente vinculan al abogado Hermosilla con una jueza de la República, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) sintoniza con lo que ha manifestado el exministro de Justicia, Hernán Larraín: es “hora de resolver”.
El sistema actual de nombramientos, caracterizado por su discrecionalidad y opacidad ha abierto la puerta a intromisiones indebidas afectando la probidad. Esto no solo daña la credibilidad de las instituciones judiciales, sino que también socava el estado de Derecho y los cimientos de nuestra democracia. Por ello, reformar el sistema de nombramientos no es solo una necesidad técnica, sino también una obligación moral para garantizar la igualdad ante la ley.
La ANMM concuerda, además, con que es necesario avanzar hacia un sistema de designaciones que esté basado en criterios claros, objetivos y públicos. Sin embargo, distintos proyectos legislativos no han logrado cumplir con la expectativa de implementar un proceso transparente y meritocrático. Si bien la discusión actual es un gran paso, al mismo tiempo refleja la falta de voluntad política para abordar un problema que lleva años afectando la integridad del sistema judicial.
La transparencia en los nombramientos judiciales no es solo una cuestión de ética, sino también de eficiencia y justicia. Un sistema basado en el mérito y la objetividad, además de reducir las sospechas de favoritismo o influencias indebidas, también aseguraría que los cargos sean ocupados por los profesionales más idóneos, y a su vez, fortalecería la independencia judicial y la calidad de las decisiones que afectan a la ciudadanía.
Tal como plantea el exministro Larraín es urgente modificar el sistema de nombramientos judiciales. Sin embargo, este cambio no puede ser contaminado por el populismo político ni a riesgo de establecer un sistema lleno de vacíos y debilidades, pues el proyecto que hoy está en discusión retrocede severamente en ciertos consensos asentados tanto en el proceso constitucional del año 2022, como en el texto emanado de la Comisión Experta del proceso 2023. Es fundamental que el Congreso y las autoridades competentes prioricen esta reforma dejando de lado intereses particulares y trabajando en beneficio del interés general. Solo así se podrá contribuir a recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial y asegurar que la justicia se administre con imparcialidad, transparencia y eficacia. Este es el camino correcto, y no hay tiempo que perder.
Por Mariela Hernández Acevedo, Presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados.
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