Columna de Marisol Peña: ¿Una oportunidad para la Corte Suprema?

La crisis de las instituciones se ha transformado en algo contagioso. A las situaciones que han quedado en evidencia en varias municipalidades y en la Policía de Investigaciones se agregan los cuestionamientos respecto de algunos ministros de la Corte Suprema, incluida la apertura de un cuaderno de remoción contra uno de ellos. Del mismo modo, se anuncian acusaciones constitucionales contra varios integrantes del máximo tribunal y ello sin perjuicio de las aristas penales relacionadas con los mismos hechos investigados disciplinariamente.

Hay que considerar que, si bien todas las instituciones aportan al Estado de Derecho, la judicatura encabezada por la Corte Suprema cumple un rol esencial, pues como ha dicho la Comisión de Venecia, son “los guardianes de los derechos de las personas”. De allí que los principios sobre los cuales se estructura la organización judicial se relacionen con la independencia, la responsabilidad, la inamovilidad y el sistema de nombramientos de los jueces. A ellos deben agregarse aquellos contenidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial que la Corte Suprema ha reproducido en su Auto Acordado del año 2007.

Sin perjuicio de que se ha anunciado el pronto trámite de un proyecto de reforma constitucional sobre nombramientos judiciales, creemos que hoy se abre una importante oportunidad para que la Corte Suprema se reivindique ante la opinión pública. Ello, porque acaba de cesar en su cargo uno de los ministros del Tribunal Constitucional cuyo nombramiento fue efectuado por dicha magistratura. Así, la Corte Suprema deberá llamar prontamente al concurso público para designar a su reemplazante.

Esta es, en efecto, una gran oportunidad para que la Corte Suprema demuestre que puede concurrir a la integración del Tribunal Constitucional con una persona de trayectoria y con efectiva experiencia constitucional. Este punto es importante de relevar, pues las materias constitucionales exigen hoy una gran especialización. Desde luego, los preceptos de la Carta Fundamental no se interpretan de la misma forma que las leyes y exigen del Tribunal Constitucional una conciencia muy clara sobre el rol que le compete en la relojería del Estado de Derecho, al actuar como contrapeso del legislador. Pero, además, los asuntos que resuelven los tribunales constitucionales en cualquier parte del mundo, transitan en un delicado equilibrio entre el derecho y la política.

Lo anterior requiere de personas con la suficiente independencia, prudencia y formación necesarias para orientar al legislador más que para corregirlo.

Si la Corte Suprema logra designar al nuevo integrante del Tribunal Constitucional teniendo presentes estos criterios podemos tener la tranquilidad de que nuestros derechos seguirán siendo protegidos. Adicionalmente, la Corte Suprema podría ir reemergiendo como el “ave fénix” de la crisis por la que actualmente atraviesa.

Por Marisol Peña, directora Centro de Justicia Constitucional UDD