Columna de Matías Concha: “Biodiversidad Lafquenche: de la parálisis a la institucionalidad costera”

El año 2008 se crea la ley de Espacio Costero Marino para los Pueblos Originarios (ECMPO, o “Ley Lafquenche”) a objeto de resguardar un espacio para los usos y tradiciones de los pueblos originarios costeros. Posteriormente, el pasado 6 de septiembre el Diario Oficial promulga la ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) dentro del marco de una nueva institucionalidad para el sistema Nacional de áreas protegidas para resguardar nuestro capital natural. Ambas iniciativas tuvieron un amplio apoyo político en su definición y significan un importante avance en materias de reconocimiento de los derechos de pueblos originarios y protección de la biodiversidad, pero para llevarla a cabo, la clave está en su implementación.

Luego de una marcha de más de 20 mil personas en 5 regiones del sur de Chile en contra de las implicancias de una indicación a la Ley SBAP ocurrida en el mes de mayo, durante las últimas semanas se han levantado fuertes declaraciones de los gremios de la macrozona Sur (Ñuble a Magallanes) como de la macrozona Norte (Arica a Coquimbo) además de los pesqueros artesanales de Elqui argumentando que tanto la ley Lafquenche como la creación de zonas de nuevas áreas protegidas están siendo utilizadas como instrumentos de bloqueo a la actividades productivas como la pesca industrial, artesanal, salmonicultura, sector marítimo portuario entre otros.

Si lo vemos como una política pública, estos sectores productivos se relacionan con casi 5.000 [Km] de costa empleando a cerca de 200 mil personas de manera directa, generado importantes encadenamientos productivos locales, descentralizando nuestro país, siendo fundamentales para la seguridad alimentaria convirtiendo a Chile en una gran potencia agroalimentaria, con productos y proteínas con una de las más bajas huellas de carbono a nivel mundial. Ahora bien, si todo el sector mitilicultor tiene 12.000 [Há] otorgadas, 127.000 [Há] destinadas para áreas de manejo para la pesca artesanal o las 4.120 [Há] destinadas para el cultivo de salmones, ¿es posible que la ley Lafquenche lleve entre 7 y 10 años con aproximadamente 4.000.000 [Há] detenidas por un resquicio suspensivo que bloquea toda tramitación o renovación paralela sin que ninguna actividad pueda desarrollarse? En materia de política pública, ¿Existe conciencia de la desproporcionada relación entre el número de personas que la promueven versus las personas y extensiones que afecta a lo largo de nuestro territorio nacional?

En materias de áreas protegidas luego de la promulgación de una nueva Área Costera Protegida en el archipiélago de Humboldt existe mucha incertidumbre sobre una aplicación basada en: (i) un adecuado ordenamiento territorial, (ii) un Plan de administración que la sostenga y armonice con las concesiones en curso y (iii) un levantamiento y planteamiento del impacto sobre los sectores afectados.

En estos momentos es fundamental promover una institucionalidad que resguarde la sostenibilidad del borde costero nacional y no una dinámica de bloqueo que sí genera graves consecuencias en la calidad de vida de las personas. Si bien desde el año 2007 se ha promovido que desde regiones se cuente con una Zonificación de Borde Costero (ZBC) que busque normar ese ordenamiento, esta iniciativa sólo ha logrado avances piloto en las regiones de Aysén y Coquimbo sin que estas experiencias entreguen los criterios para elaborar el manejo de concesiones en otras regiones. Si bien a nivel de política pública debemos generar un marco de institucional territorial costero que logre un balance social, ambiental y económico, la clave está en un ordenamiento que cambie una dinámica de parálisis jurídica por un espíritu de armonización con las actividades fundamentales para potenciar el desarrollo sostenible desde regiones.

* El autor es consejero Sofofa.