Columna de Matías Concha: La era del veto

Es difícil explicar el momento en que nos encontramos. Uno no puede abstraerse de que la violencia avanza sosteniblemente a través de las tomas, el robo de la madera, asesinato de carabineros, vandalismo y narcotráfico encubierto en la macro zona sur, en donde por sobre eso se ataca cobardemente al fundo del presidente de la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio), dando una señal de que ya no hay Dios ni ley. En paralelo, el panorama de incerteza jurídica en varias materias amenaza con un manto de cuestionamiento a temas tan fundamentales y simples como el comercio, inversión y propiedad.

En este contexto, las élites políticas tratan de construir un mundo en el cual se habla de que Chile es un lugar donde van a llegar importantes inversiones para la transición energética e hídrica, se dan señales en el extranjero de mantención de tratados con evaluaciones positivas y que por medio de reformas y avances constitucionales se va a lograr una ansiada paz social. Ahora bien, ¿cómo se logra la paz social y qué rol juega el tratamiento de la violencia en esa búsqueda? ¿Habrá paz social sin unirnos para erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Qué señales se dan para construirla?

En el plano constitucional se presenta un marco que, más allá de un entendimiento, valida una desunión amparada en dotar de un poder de veto nunca antes visto a etnias, comunidades, activismos, ecocentrismos o cualquier minoría dotada de derechos y elevada a un rango constitucional. Resulta razonable levantar derechos fundamentales, pero resulta incomprensible que, si bien todos los proyectos tienen impactos y es esperable encontrar mitigaciones o compensaciones locales, se promueva a nivel constitucional un bloqueo exante de cualquier grupo minoritario sin un paraguas amparado en un pilar de sostenibilidad.

El difícil camino debe ser alimentado todos los días por adecuadas iniciativas en donde el Estado hoy día cuenta con organismos como el Servicio de Evaluación Ambiental, cuyo propósito es poder enriquecer y dotar de sostenibilidad a los proyectos para que incluyan todas las consideraciones sociales, ambientales y territoriales. En la práctica, durante los últimos meses se ha generado un segundo bloqueo todavía mayor a aquellas iniciativas que luego de un largo proceso de consultas, adecuaciones y revisiones llegan a validar un permiso ambiental, y que son rechazados por medio de la vía institucional o política. O sea, en vez de acelerar urgentemente una mejora de un proceso que haga efectiva la inclusión de proyectos que busquen una resiliencia climática y desarrollo hacia la transición energética, se gatilla un vacío adicional que coarta la alimentación de proyectos que están listos para ser los protagonistas de la transformación del futuro.

El contexto en que tenemos este tipo de señales es muy preocupante, sobre todo en un escenario de corto y mediano plazo con inflación y una alta probabilidad de recesión según plantea el Banco Central. En este sentido, a nivel político y social se debe tomar conciencia de las consecuencias de no contar con la fuerza motriz para promover la espiral virtuosa de la inversión, de soluciones elaboradas por distintas personas que le dan coherencia y consistencia a una política que promueva y persiga el bien común.

En pocas palabras, con violencia tolerada en las bases en donde la informalidad y narcotráfico subsisten, y con un veto a nivel constitucional y de desarrollo de proyectos, se configura una “Era del Veto” a la inversión que socava las bases de cualquier intento de desarrollo, inclusión y sostenibilidad. Este fenómeno puede terminar paralizando el aire fresco de ideas transformadoras e innovadoras, para sustituirlo por un espacio en donde por medio de un decrecimiento y desmembramiento, lamentablemente sólo aves de rapiña y carroñeros logren sobrevivir.

* El autor es consejero Sofofa