Cuando surge una polémica por algo que, a todas luces, no debería ser objeto de atención por parte de la opinión pública, vale la pena entender qué de la situación la hace tan visible. Por ejemplo, esta semana hemos sido testigos de la desvinculación del asesor de la subsecretaria del Interior Juan Andrés Lagos, del Partido Comunista. Lo que podría haber sido un cambio en los equipos, como otros que ocurrieron en paralelo y con personas también militantes, pero de otros partidos, terminó siendo interpretado más como una afrenta a la institución del PC, que como una decisión sobre enfoques y redireccionamiento del trabajo.
¿A quién se contrata entonces cuando se construyen los equipos cercanos de las autoridades de gobierno? Al partido político a través de un representante o más bien se buscan personas que puedan pertenecer a una organización partidaria, pero cuyo valor principal está dado por sus competencias y habilidades para la función a desempeñar.
Si la respuesta fuese la segunda, podríamos ver en la militancia, a diferencia de lo que ocurre hoy en la ciudadanía, un valor adicional al currículum, ya que ésta seria vista como una contribución en la generación de puentes y diálogo entre la autoridad política y los partidos, condición necesaria y valiosa dada la atomización de las fuerzas políticas y la falta de acuerdos, incluso al interior del mismo bloque.
Pero nada de esta lectura es posible cuando lo que se releva es la queja institucional, haciéndose el énfasis en que el tema debió ser conversado con el partido en una especie de solicitud ritualística, volviendo una situación de carácter interno de las instituciones, en un problema político.
¿Cuánto de la autonomía en las opiniones que se hacen públicamente y que tienen significancia política deben ser dejadas en un segundo plano cuando además la institución de la que se forma parte es eminentemente política y sigue una línea oficial dada por el gobierno? ¿Qué espacios hay para, desde ese lugar, expresar opiniones partidarias que en algunos casos son disonantes con esa línea y afectan la percepción de la ciudadanía sobre la coherencia de los planteamientos institucionales? Todas estas inquietudes son a mi juicio válidas de analizar, más aun por la significancia que mediáticamente han tenido en este caso.
No está claro cuánto durará este impasse, lo que sí está claro es que hay distintas interpretaciones sobre la naturaleza y alcances de la relación laboral y que dichas interpretaciones desvirtúan la discusión que subyace a la medida, la que probablemente tiene más que ver, y así lo han señalado las autoridades, con un reordenamiento en los equipos para mejorar el desempeño de la Subsecretaria en todas sus áreas, que en una reprimenda o en una señal hacia cierto sector.
La pregunta es entonces, ¿por qué no relevar aquello en vez de caer en la tentación de hacer de esto un problema político, una mini crisis con alcances en desavenencias y discordias? Me quedo con lo que dice el filósofo Daniel Innerarity cuando señala que “la política actual se podría resumir así: palabras grandilocuentes, tono exagerado, gestos que sustituyen a las acciones, lenguaje bélico, escenificación de estar salvando algo que el adversario pretende destruir”. Pero al mismo tiempo el filósofo señala: “Afortunadamente todo es más banal, inofensivo y mediocre; responde a estrategias interesadas que podemos adivinar y buena parte de la sociedad va aprendiendo a desarrollar un correspondiente escepticismo sobre los males anunciados. A la gravedad de los peligros hay que descontarle siempre la cantidad de dramatización que conviene a quienes los denuncian”.
Confiemos entonces en que primarán los intereses superiores, que en este caso no son más que una mejor, efectiva y perceptible, política de seguridad, tanto en las acciones, como en los mensajes que el gobierno quiere instalar, disminuyendo cualquier ruido que, en la mayoría de los casos, termina siendo lo que se ve y de lo que se opina, invisibilizando todo aquello que, con tanto esfuerzo, se hace todos los días en las distintas reparticiones públicas.
Por Natalia Piergentili, ex presidenta del PPD.
