Columna de Natalia Piergentili: El debate que se espera de los candidatos para la elección municipal

Diversos estudios de opinión señalan que la ciudadanía tiende a sobre-responsabilizar al municipio de una serie de funciones y servicios que no necesariamente son parte de sus atribuciones privativas, como seguridad o políticas sociales. Sin embargo, esto se explica en parte ya que este es el principal actor en el territorio, la institución más cercana a los ciudadanos.

¿Cuáles son los servicios mínimos que debe entregar un municipio?, ¿cuál es el estándar de esos servicios?, ¿cuál es el costo? Estas preguntas que suenan tan evidentes son interrogantes que en la actualidad tienen una respuesta difusa, ya que la mayoría de las demandas en los ámbitos sociales, productivos y de desarrollo dependen en gran medida de recursos y políticas nacionales. El municipio es solo un colaborador y, además, la carencia de recursos, le impide mejorar o crear nuevas iniciativas.

Los municipios se financian básicamente de ingresos propios (contribuciones, patentes comerciales y permisos de circulación), más el Fondo Común Municipal (que es una caja recolectora, donde los municipios que más recaudan entregan un porcentaje de ésta en beneficio solidario del resto de las comunas) y las transferencias de salud y educación.

En la Región Metropolitana, 30 comunas urbanas se llevan el 54% de los recursos y concentran el 84% de la población, mientras otras siete comunas atraen el 46% de los recursos y representan el 16% de la población. Así también en la RM hay trece municipios que sin aplicar el cálculo del Fondo Común Municipal (o sea antes de recibir el aporte solidario de las comunas más ricas) tienen como ingreso por habitante menos de 100 mil pesos. Estos son Isla de Maipo, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San Ramón, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Pintana, Puente Alto, La Granja, El Bosque y Cerro Navia.

En el otro extremo hay sólo cuatro comunas que superan los $700.000 de ingreso municipal por habitante. Se trata de Vitacura, Las Condes, Providencia y Lo Barnechea. Una paradoja es que la población que vive en las siete comunas con mayores ingresos tanto municipales como familiares, accede a una mejor calidad de infraestructura pública en servicios de salud y educación, ya que a parte de los recursos del gobierno central cuenta con recursos propios para mejorar el estándar de las iniciativas o derechamente para hacerlas sin apoyo estatal. A ello se suma que tienen poca demanda -o menor, comparada con la mayoría de los municipios- por esos servicios, dado que los vecinos de estas comunas prefieren o pueden acceder a salud y educación privadas.

En cambio, las comunas con más población y con menos ingresos, tanto municipales como familiares, tienen una alta demanda de los servicios públicos y estos por los déficits expuestos son de menor calidad o su oferta no cubre a todos los vecinos en eficiencia y calidad.

Para abordar esta brecha de recursos el royalty minero es una buena noticia ya que a partir de éste se crea el Fondo de Comunas Mineras que contempla US$ 55 millones que se destinarán a las comunas mineras, o sea, aquellas que tengan faenas o actividades relacionadas a la minería, como yacimientos, relaves, fundiciones o puertos mineros. Finalmente, se crea un Fondo de Equidad por US$ 170 millones, que se destinarán a aquellas comunas más vulnerables del país.

Claramente lo anterior es un avance muy sustantivo en cuanto al apoyo a la gestión municipal. El punto es que se discuta sobre la calidad y la pertinencia del gasto de estos recursos, ya que no solo es deseable mitigar la desigualdad de ingresos entre comunas, sino además, la capacidad institucional para que el gasto realmente genere impacto y se focalice donde los vecinos demanden.

Por ello es deseable que la discusión de las próximas elecciones municipales no solo sea la promesa del contendor de “hacerlo mejor” o “más transparente que el anterior” sino cómo se trabaja en un esfuerzo de Estado para determinar qué servicios mínimos deben ser entregados por los 345 municipios, tomando en cuenta tamaño, ruralidad entre otros factores y cuál es la brecha, no solo en recursos, sino por sobre todo, en capacidad de gestión, de modo de hacer algo sustantivo para no seguir perpetuando la terrible y verdadera afirmación de que en Chile No da lo mismo donde se nace en cuanto a las oportunidades y al ejercicio de los derechos.

Natalia Piergentili, ex presidenta del PPD.