A propósito de los planteamientos esgrimidos por la defensa de Luis Hermosilla en cuanto a que “esta es una especie de funa pública”, señalando además que “filtran todo desde adentro”, cabe preguntarse: ¿Cuánta de la información del teléfono del imputado dará origen a nuevas causas por presuntos delitos? y ¿cuánta de ésta solo develará conexiones y redes de influencia y poder que, pudiendo ser atractivas y al mismo tiempo cuestionables, no constituyen delito en nuestro ordenamiento jurídico?
Si analizamos nuestro comportamiento como sociedad, diversos estudios de opinión han señalado que Chile es un país donde el “pituto”, entendido como un contacto personal que sirve para obtener beneficios, juega un rol importante. El tema es que éste es proporcional a nuestras redes, por lo que entre más amplia y ascendente es nuestra interacción social seguramente nuestras conexiones serán mayores. Ante eso, y sabido además que, para acceder a cargos como el de Fiscal Nacional o juez de la Corte Suprema (ambos nombramientos pasan por el Senado) la utilización del famoso pituto se practica a través, por ejemplo, de rondas de conversaciones o llamados organizadas por el amigo del amigo para mostrarse y sumar adhesión para el nombramiento.
Muchos de los periodistas que día a día en matinales y paneles muestran la “última filtración del chat de Hermosilla” a priori señalan que, parte del sabroso anuncio no sería delito, pero si seria de interés público. En ese sentido es oportuno preguntarse ¿Quién define qué es de interés público? Y por cierto ¿cómo evitamos la proliferación de los juicios mediáticos?, sobre todo cuando nos llenamos de teorías que se arrogan para si ser las correctas y justas. ¿Qué del aprovechar el contacto que tengo para algo podría ser tan novedoso si todos los días un chileno cualquiera usa el mecanismo del pituto para alguna necesidad? A distinta escala qué duda cabe, pero es la misma herramienta.
Con esto no estoy haciendo carne el refrán que señala “a mal de muchos, consuelo de tontos”, muy por el contrario, solo pongo una alerta sobre que, lo que se está instalando es el juicio moral y no el juicio jurídico. El problema de esto es que generalmente, el juicio y condena moral no admiten segunda instancia y que no son precisamente jueces quienes se auto posicionan técnica y moralmente por encima de Juzgados y Tribunales, respondiendo a la temperatura del momento o a las redes sociales.
Mientras, desde la Corte Suprema, Fiscalía, Parlamento y Gobierno están más atentos a ver quien aparece mencionado en los famosos chats y en redactar comunicados “por si las moscas”, en vez de estar enfocados en analizar posibles cambios para mejorar la forma en que se eligen a los jueces, por ejemplo, o en cómo los procesos penales son perfeccionados, o si necesitamos más leyes o se deben aumentar las penas, o en buscar medidas que mejoren el conjunto de la administración de justicia.
La desigualdad ante la justicia que existe en nuestro país no va a cambiar solo por el hecho de que alguien que visualizamos como poderoso o de altos recursos enfrenta a la justicia, incluso si aquello nos hace sentir cierta alegría o morbo, ya que lo que realmente cambia las cosas es aprovechar estos momentos para hacer los cambios que los distintos organismos necesitan, respetando la presunción de inocencia, fortaleciendo las instituciones, haciendo más transparentes sus procedimientos y dejando claro que, con los procesos judiciales, no se debe hacer política.
Por Natalia Piergentili, ex presidenta del PPD.
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