La prisión preventiva, concebida en su esencia como las más excepcional de todas las medidas cautelares, ha experimentado un preocupante cambio en lo que definía su esencia, la excepcionalidad de la misma. De acuerdo con cifras oficiales de Gendarmería de Chile, a febrero de este año, 20.905 personas se encontraban bajo la medida cautelar de prisión preventiva, esto es privados de libertad, pero no condenadas, a la espera de un juicio tras las rejas mientras se presumen inocentes, representando un 35,41% de la población penal, es decir más de un tercio de las personas privadas de libertad son no condenados. Si comparamos estos datos con los entregados por la misma fuente, Gendarmería, a enero del año 2022, 14.441 personas se encontraban en prisión preventiva a la espera de un juicio, lo que determina un incremento de un 44,76% de personas en prisión preventiva en menos de tres años, evidenciando este panorama, a mi humilde parecer, la imperiosa necesidad de revisar cómo se está aplicando esta medida cautelar, que en el papel al menos aún se describe como excepcional.
¿Qué factores pueden explicar este aumento desproporcionado? Si bien son varios, quiero destacar en esta oportunidad tres. Primero, un aumento significativo en la tasa de criminalidad, en concreto de un 11,7% entre el 2023 y 2024. Un segundo factor relevante dice relación con una sostenida política criminal orientada a entregar más y mayores facultades a los fiscales, cuestión que en la práctica ha hecho desaparecer el carácter excepcional de la prisión preventiva, y un tercer factor relevante es la sobrecarga del sistema penal, lo cual implica procesos penales cada vez más extensos y como consecuencias prisiones preventivas cada vez más largas. Son a mi juicio estos tres factores, sumado a que los jueces conceden un 87% de prisiones preventivas solicitadas por fiscales, los que han hecho desaparecer el carácter excepcional de la prisión preventiva.
Pero, ¿cómo estamos en el mundo? Si observamos el contexto latinoamericano, si bien Chile aún no ha alcanzado los niveles críticos de otros países, como Argentina con un 48% de personas privadas de libertad sin condena firme o Brasil con un 41% de personas en idéntica situación, Chile con su 35,41% representa un aumento sostenido y significativo en el uso de esta medida cautelar. La experiencia de países como Argentina y Brasil demuestra que cuando la prisión preventiva se vuelve una práctica recurrente, el sistema colapsa, convirtiendo esta medida cautelar en una condena anticipada. En nuestro país, el incremento del 45% en menos de tres años sugiere que podríamos estar en el umbral de un problema aún más grave.
Ahora bien, si nos comparamos hacia arriba, con países que utilizan dicha medida cautelar con mayor racionalidad, como por ejemplo España, con un 15,72% de personas en prisión preventiva según datos oficiales del 2023, o Alemania y Francia que presentan incluso mejores estándares, con tasas cercanas al 15% y 13% respectivamente, podremos comprender que tal vez vamos en la dirección equivocada. ¿Queremos avanzar hacia un sistema que garantice efectivamente los derechos fundamentales de los imputados, asegurando la proporcionalidad y excepcionalidad de la prisión preventiva? ¿O continuaremos en una senda donde la privación de libertad se transforma en un atajo judicial que esconde condenas anticipadas?
Es importante que el debate sobre la prisión preventiva se instale con seriedad en nuestro país, y de forma urgente, dado que tal como comentó el profesor Mauricio Duce semanas atrás, “se ha consolidado la idea de que, si no hay prisión preventiva, hay impunidad”. No se trata solo de cifras y estadísticas sino de personas cuyas vidas se ven afectadas por decisiones que, en muchos casos, podrían haber sido evitadas con el uso de medidas menos lesivas.
Por Nelson Salas, abogado penalista
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