Columna de Óscar Guillermo Garretón: La contralora y el funcionario vitalicio
Más de una vez he criticado los efectos paralizantes de muchos de los procedimientos y regulaciones de la Contraloría General de la República; mientras la gestión pública, de deficiencias cada vez más mayores, no se evaluaba ni controlaba adecuadamente.
Por eso, me sorprendió gratamente que la flamante nueva contralora, Dorothy Pérez, se entrenara en el cargo cambiando la doctrina que establecía en dos años la duración de un contrato laboral en el Estado, para calificarlo como de “confianza legítima” y así prolongarlo. Ya es insólito el solo hecho de hablar de “confianza legítima” referida a la cantidad de tiempo que un funcionario habita un cargo público y no a la calidad de su gestión. Pero al menos ahora, la contralora establece una duración de cinco años para poder apelar a esta “confianza legítima”, o sea, que el funcionario de marras haya durado más de un gobierno en su trabajo, por tanto, que su valía no dependa del juicio de una autoridad política deseosa de apernar a los suyos, sino al menos de dos diferentes.
Con las normas antes vigentes -más aún en tiempos de alta alternancia política- se inflaron las planillas funcionarias con “abnegados militantes” inamovibles, de discutible competencia, apernados por los partidos que se van sucediendo en el gobierno. Es una práctica perversa que sin duda incide en el deterioro creciente del sector público. Está tras desidias e incompetencias como la inflación de listas de espera médicas, de licencias médicas funcionarias, del equipamiento deteriorado o mal utilizado en todo el aparato público. En verdad, el “estatuto administrativo” y las normas que regulan la actividad laboral del sector público son absolutamente anacrónicas e incompatibles con una gestión eficiente, moderna y cuidadosa de sus recursos. El personal del Estado debería ser el más interesado en terminar con esto que desvaloriza su labor.
Pero dirigentes de la ANEF y la CUT calificaron la medida como “retroceso”. Ocultan la verdad. No están reivindicando al buen servidor público de larga trayectoria. Defienden una versión actualizada de la inamovilidad funcionaria establecida por el general Pinochet en vísperas del arribo de la democracia. Así como quiso ser gobernante vitalicio y luego senador vitalicio, una de sus más perdurables “leyes de amarre” fue buscar transformar en vitalicios a funcionarios nombrados por él. Hoy, los que se empeñan en convertir en vitalicio al funcionario que lleva dos años en el cargo son defensores de un pasado pinochetista no de la dignidad y calidad del trabajo público.
Me alienta pensar que Chile cuenta con una contralora preocupada de la modernización y calidad del sector público, así como de quitar espacio a quienes profitan indebidamente del aparato estatal, cada día más caro, obeso, ineficiente y endeudado, que cargamos sobre las espaldas de todos los chilenos.
Por Óscar Guillermo Garretón, economista
