Columna de Pablo González: El problema no es el sueldo ni la autonomía

La divulgación del sueldo de una ex ministra de Educación en una universidad privada ha generado el escándalo equivocado. El tema de fondo no son las diferencias de sueldo. La indignación es una oportunidad si se usa para mejorar la sociedad y la confianza, y no perderse en la caza de brujas.

Las sugerencias de restar autonomía a las universidades solo profundizarían las trabas a una buena gestión. Universidades privadas como Harvard tienen sueldos muy diversos para sus profesores, entre los que se cuentan algunas de las mentes más brillantes del mundo. Gracias a su voluminoso “endowment” es muy difícil para las universidades al otro lado del Atlántico detener la “grúa” estadounidense. ¿Es un sueldo muy alto moralmente condenable? ¿Por qué algo que es moralmente aceptable en los negocios o en el fútbol no puede serlo en la academia? En el extremo opuesto, grupos de poder interno de la Universidad de Chile reflotan cada cierto tiempo la demanda de igualar los sueldos de los académicos de todas las disciplinas y facultades, y, a veces, tratan de imponerse con paros y tomas. Aunque no lo parezca, es parte del mismo problema.

Lo que el escándalo y los ejemplos de las universidades de Harvard y de Chile ilustran es el problema del gobierno corporativo de las instituciones que ofrecen educación superior. La educación es un bien de confianza, debido a la asimetría de información entre oferentes y demandantes. Por eso la sospecha respecto a instituciones con fines de lucro, porque pueden extraer renta a costa de los estudiantes. Pero el lucro no es la única forma de extraer renta.

Shailendra Mehta explica por qué Harvard ranquea primera en todos los rankings (disponible en SSRN.com) y el prestigio que tienen muchas otras universidades norteamericanas, incluyendo la estatal de California, por la calidad de su gobierno corporativo, constituido por exestudiantes exitosos, cuyo interés confluye con el mejoramiento de la calidad y el aporte a la sociedad que realiza la institución. La anomalía del caso chileno no es que existan universidades privadas ni que los empresarios donen recursos a las universidades sino cómo se toman las decisiones sobre el uso de esos recursos aportados por estudiantes, donantes y Estado. Aparentemente, el gobierno corporativo de las instituciones no garantiza que sean utilizados eficientemente y creen valor para la sociedad. La molestia del público, nuevamente, refiere a la legitimidad de las instituciones.

En contraste, en 1889, John D. Rockefeller donó 600 mil dólares para crear la Universidad de Chicago, a condición de que otras personas que apoyaban la iniciativa consiguiesen 400 mil dólares adicionales. Pese a los permanentes déficits en que incurría el rector Harper, Rockefeller no pudo despedirlo, potestad que recaía en el Board of Trustees. El déficit no fue contenido hasta cuatro años después de la muerte de Harper y las donaciones de Rockefeller para cubrirlo totalizaron la suma de 35 millones (de la época). Rockefeller nunca aspiró a controlar las decisiones de la universidad que creó, mucho menos a utilizarla con fines políticos. Las reglas del juego, que él aceptaba, se lo impedían.

La molestia ciudadana es provocada por la sospecha que el control de ciertas universidades, por quienes contribuyeron a su creación, permite la extracción de renta, aunque no sea en forma de lucro; como sería un aporte encubierto a la política. Esto es lo que pone en riesgo la confianza en las instituciones.

Por Pablo González, Centro de Sistemas Públicos (CSP), Ingeniería Industrial - U. de Chile, y EduInclusiva