Columna de Pablo Ortúzar: La batalla de Tchile

Existe más o menos consenso general en que Chile necesita moverse, mediante reformas responsables, a un estado de las cosas en donde las oportunidades de acceso a ciertos bienes y servicios fundamentales de una calidad suficiente se vean intensamente ampliadas. En otras palabras, queremos convertir la clase media en un espacio seguro de llegada, donde nadie sea, al mismo tiempo, demasiado pobre para el mercado y demasiado rico para el Estado. Si el desafío de la generación anterior fue superar la pobreza, el de la nuestra sería consolidar la clase media. Y existe consenso en que este proceso debe llevarse adelante de forma participativa y sustentable, tomando en cuenta al medio social y ambiental.

Ahora bien, ni el Estado ni el mercado, por sí solos, serían capaces de lograr ese efecto, tal como señaló Javiera Martínez, la jefa programática de Gabriel Boric. Esto significa que ambos regímenes institucionales, con sus diferencias constitutivas, tienen que tratar de ser articulados para que se potencien mutuamente de manera virtuosa. Y la discusión sobre esa articulación óptima bien podría ser el gran objeto de nuestra atención en estas circunstancias.

Sin embargo, hay un gran elefante en la pieza. Las reformas planteadas exigirían que las actuales élites –minorías organizadas con capacidad de organizar mayorías desorganizadas- renunciaran a importantes parcelas de poder. Esto, porque tanto la desclientelización y profesionalización del Estado, así como la expansión democrática de áreas claves del mercado, suponen transferir recursos desde sus esferas de control a otros sectores.

Estas transferencias, idealmente, deberían adquirir la forma de una tregua de élites. Una transacción en que todos los jugadores grandes asumen un sacrificio más o menos proporcional de recursos en aras de la estabilización de sus propias ventajas. Esa es la forma civilizada de lograrlo, en que la mayoría gana. Así nacieron, sin ir más lejos, los famosos Estados de bienestar nórdicos. Los grupos de poder emergen con un poder más legítimo, y las mayorías sociales con mejores condiciones de vida. Sin embargo, esa tregua se ve muy lejos en el horizonte. Y todas sus alternativas son bastante nefastas: si no hay tregua de élites, lo que hay es confrontación entre élites establecidas y élites desafiantes. Y la confrontación elitista conduce principalmente a transferencias de poder entre los grupos organizados, pero no a su masificación. Se lucha por amplificar esferas de control de recursos, y quizás chorrean dádivas en el marco de esa disputa, pero el resultado no es un orden institucional más democrático.

Hay evidentemente confusión respecto a este problema en mucha gente que busca reformas sociales profundas, pero asume una actitud del tipo “ahora nos toca abusar del poder a nosotros”. La Convención Constitucional ha reflejado mucho ese tipo de lógica, y su problema es que ella convierte a esa persona con ansias de “campeón del pueblo” en simple eslabón de la mecánica de lucha de élites. El que quiere una revancha en el abuso del poder no está trabajando por un orden más justo, sólo se subirá, en el mejor de los casos, al vagón de los abusadores. Si el programa no se orienta con claridad a buscar una tregua de élites que libere recursos para la reforma social, entonces no es un programa de reforma social, sino de promoción personal o grupal. Por eso la mayoría de las revoluciones han terminado con oligarquías iguales o peores que las anteriores explotando a las mismas masas que supuestamente buscaban liberar.

Pero no nos desviemos del tema principal. La polarización a nivel de élites en Chile se ha convertido en un dato de la causa. Una interesante investigación reciente del COES mostró que nuestros grupos dominantes ven la realidad en blanco y negro, mientras que la mayoría del resto de la ciudadanía lo hace en tonos de gris. La élite económica es arrolladoramente de derecha, así como la cultural lo es de izquierda. Y en los sectores politizados de las clases dominantes casi nadie se considera de centro. El desacople con las expectativas ciudadanas es enorme, lo que es confirmado por los resultados del estudio “Tenemos que hablar de Chile”. Algo en la línea de transmisión no está funcionando.

¿Cómo se explica esto? El politólogo estadounidense Peter Turchin (ver, por ejemplo, “Ages of Discord”) propone el concepto de “sobreproducción de élites” para designar el fenómeno de un exceso de candidatos calificados para el ejercicio de posiciones de visibilidad, influencia y control. Esto lleva a formas de competencia cada vez más agresivas en la cúspide, así como a una marcada indiferencia respecto a los demás grupos sociales. Es un factor de decadencia y crisis social.

En el caso chileno, Manuel Muñoz, Mauricio Lima y Juan Pablo Luna publicaron un excelente artículo en CIPER titulado “Sobreproducción de élites: una explicación al 18/O desde la teoría demográfica estructural” que aclara la dinámica de conflicto elitista desatado en Chile entre grupos desafiantes y grupos incumbentes, el cual ha ido consumiendo de forma desproporcionada los excedentes generados por la prosperidad de los últimos treinta años. Choque que se va haciendo más intenso en la medida en el ciclo de bonanza se retira, y que explica los discursos radicales que emergen desde sectores educados no tradicionales que cuestionan los privilegios monopolizados por los grupos de élite tradicional.

La crisis chilena involucra, si esto es así, un desacople en la mecánica del conflicto: la radicalidad de los enfrentamientos que ocurran arriba en la estructura social serán un mal predictor de los potenciales avances en la redistribución de las oportunidades a escala general. Son zarpazos entre grupos que buscan ampliar su ámbito de influencia, no reducirlo. La única manera de alinear nuestras disputas con el programa de democratización y consolidación de la clase media planteado es identificar con claridad los ámbitos en que es necesario que los grupos de interés cedan poder, y la forma en que esa concesión se logra traducir en un beneficio para la ciudadanía completa. Por ejemplo, profesionalizar el Estado puede involucrar crear un servicio civil calificado para cumplir tareas que hoy se reparten como botín de los partidos. Mejorar la salud de las personas puede demandar acabar con los filtros gremiales que hoy favorecen mantener una oferta médica de especialistas extremadamente baja. Los servicios de aduana pueden requerir una revisión profunda que se adecúe a la democratización del consumo virtual global. El poder de los alcaldes, acotado pero cuasi absoluto, bien podría ser sometido a controles y mediaciones de mayor nivel que las actuales. Suma y sigue.

El rol más importante que la Convención Constitucional podría asumir sería construir los términos de una tregua de élites que cediera los recursos necesarios para poder comenzar a consolidar la clase media como espacio de llegada. ¿Será posible que logre esa claridad de propósito?