Columna de Paula Escobar: AC, ¿hasta cuándo?

Conversando, mirando el celular, deambulando, viendo cualquier cosa menos los alegatos. Así “escucharon” los diputados y diputadas los argumentos de los abogados de los ministros de la Corte Suprema Sergio Muñoz y Ángela Vivanco. Un clima revelador de la falta de seriedad con que se siguen empleando estas herramientas, las acusaciones constitucionales, en nuestra vida política.

El festival de AC son armas de distracción masiva. Aunque los legisladores dicen -una y otra vez- que pueden “caminar y mascar chicle”, lo cierto es que lo importante y urgente que deben legislar queda relegado y subordinado. Eso ya es un enorme daño, porque hace rato que el problema político principal no es la magnitud de los cambios, sino la imposibilidad de ellos. De todos ellos: de los malos cambios, pero también de los necesarios e imprescindibles buenos cambios. El pantano lo inmoviliza todo.

Pero, además de ralentizar las reformas necesarias para mejorar la vida de las personas, el segundo daño de las AC es que agudizan los conflictos y tonos entre oficialismo y oposición: cuando se retoma el debate de aquellas materias importantes, es con ánimo aún más caldeado y más proclive al juego de suma cero, en que nada se analiza en su mérito, sino sólo en función de si daña o no al enemigo político, con un cortoplacismo y falta de visión dramáticos.

Es cierto que las AC no son un invento de este Congreso ni de esta oposición. Parte del actual oficialismo tiene récord de mal uso de esta herramienta, de lo cual ha hecho mea culpa el Presidente Boric. Sin embargo, la actual oposición ha hecho de ese padecimiento revancha y no lección. Ya han presentado seis acusaciones contra ministros de Boric. Y hay elementos adicionales que han hecho aún más hondo el daño de las AC en este periodo. Partamos por la acusación exprés contra el Presidente, de pone y saca, de RN, de una frivolidad y liviandad sin límites. En segundo lugar, el haber forzado el voto en conjunto en la Cámara de la AC de los jueces Vivanco y Muñoz. Como ha dicho el profesor Enrique Navarro Beltrán, “resulta incompatible con un debido proceso el acumular dos acusaciones contra jueces y por hechos distintos, obligando a pronunciarse conjuntamente respecto de situaciones fácticas disímiles, olvidando el principio de responsabilidad personal. Es algo inédito en nuestra historia institucional”. El objetivo fue jugar al empate.

Y tan grave como aquello fue el intento de destitución de la ministra del Interior, Carolina Tohá, impulsado por el P. Republicano y al que se sumaron la UDI y RN. Quienes apoyaron la AC contra ella nunca explicaron por qué la evidentemente grave situación de inseguridad ciudadana mejoraría si la ministra hubiera sido sacada de su cargo y un nuevo equipo empezara de cero su labor. Estamos viendo un alza -y hasta descontrol- del crimen organizado, pero ello no implica que la ministra no esté haciendo un trabajo que es serio, con leyes que van en la dirección correcta, analizando permanentemente medidas adicionales. Ha tenido una aproximación pragmática y no ideológica, y se ha apoyado a las policías como nunca, desde luego en términos de recursos, tal como el mismo exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ha reconocido públicamente esta semana, calificando como injusta la acusación contra Tohá. Bajo el mandato de la ministra se han aprobado leyes que estaban lejos de lo que se esperaba del oficialismo, siendo ella una factor clave en mover al progresismo hacia una política realista y proactiva en materia de seguridad. Por cierto que se puede mejorar, y que la envergadura del desafío es enorme, pero ¿realmente la oposición, que ha impulsado y apoyado esta acusación, cree que una persona nueva podría llegar con una varita mágica y cambiar esto de un día para el otro? ¿Qué distinto habría que hacer? Esa es la pregunta. Las críticas hacia la derecha por su falta de propuestas arrecian (incluso desde la misma derecha) y, en este sentido, tendrían que ser serios y especificar qué harían si estuvieran en los zapatos de Tohá.

Por último, intentar destituir a una posible candidata presidencial por “notaría” -tan claro lo tienen que ella es una posibilidad que lo han esgrimido como una razón para que Boric la saque- es gravísimo, pues habría implicado su inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.

Las AC son un síntoma más del revanchismo imperante. La encuesta del PNUD revela que las personas identifican claramente como razón de la parálisis justamente ese espíritu de venganza. Estos casos muestran hasta dónde están en lo cierto. Como dijo el diputado Francisco Undurraga, de Evópoli, que valientemente votó en contra del libelo contra Tohá: “¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir degradando las instituciones? ¿Hasta cuándo vamos a volvernos revanchistas?”.

Hasta cuándo.