Columna de Paula Escobar: ¿Cerrar por fuera?

“Las órdenes judiciales se cumplen (...). Porque si no, al final lo que ordenen los jueces da lo mismo, y si da lo mismo, mejor cerremos por fuera y que hagan todos lo que quieran”, dijo el juez Daniel Urrutia, tras ordenarle a Gendarmería conceder beneficios a 13 reos de alta peligrosidad recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad, algunos de los cuales pertenecen al Tren de Aragua. Se trata de beneficios como videollamadas, el no registrar las reuniones de los detenidos con sus abogados y visita conyugal.

La frase del juez Urrutia hacía alusión al rechazo de Gendarmería a la medida, dada la gravedad de los delitos, a la posibilidad de coordinar acciones delictivas a través de las videollamadas y a las características del penal de alta seguridad. Gendarmería recurrió a la Corte de Apelaciones, y mientras esta decide, otro antecedente levanta nuevas alarmas sobre el caso. Según informó Ex Ante, el juez Urrutia habría compartido abogado con uno de los reclusos beneficiados, el colombiano Rafael Marín Vielma, que cumple una pena efectiva de 10 años y un día y cinco años de presidio por delitos consumados de tráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, y tenencia ilegal de arma de fuego. Según el medio, el abogado Carlos Quezada Orozco es defensor de Marín Vielma y también abogado personal del juez, pues lo ha representado en diversas querellas y denuncias que ha presentado por amenazas y calumnias en su contra.

La noticia causó impacto. El ministro de justicia, Luis Cordero, dijo que si estos datos son efectivos se podría configurar la hipótesis de conflicto de interés. El subsecretario Monsalve dijo que el juez “tendrá que dar una muy buena explicación”.

Pero el juez no ha dado esa explicación, al menos hasta el cierre de esta edición. Sí lo hizo su abogado, Quezada, quien dijo a CNN que las expresiones de Cordero probablemente están inducidas “a error”, asegurando que él no tiene patrocinio o poder vigente en ninguna de las causas activas del interno en cuestión.

Pero la respuesta del abogado Quezada no cierra el tema. Se mantienen, de hecho, preguntas relevantes abiertas. Primero, por qué un juez no explica directamente a la opinión pública cuál es la relación -actual o pasada- de su abogado personal con un condenado por narcotráfico al que él mismo ordenó concederle un beneficio. Quezada dice que actualmente no es abogado de Marín Vielma, pero esto no desmiente que lo fuera antes. Es necesario aclarar completamente en qué causas y en qué fechas fue abogado de Marín Vielma. Que no lo hubiese hecho de modo simultáneo a representar al juez, sino sucesivo, puede constituir un potencial -o a lo menos aparente- conflicto de interés, especialmente por no haber sido transparentado. Sería muy complejo que hubiera “puertas giratorias” de ese tipo, esto es, que abogados de condenados por narcotráfico o crimen organizado, un tiempo después defiendan a jueces que luego, a su vez, conozcan u ordenen materias que afecten a esos mismos condenados. Llama la atención, a su vez, por qué el juez Urrutia elige un abogado con ese perfil para representarlo, frente a la enorme angustia ciudadana en materias de seguridad y del avance del crimen organizado; es natural que se despierten alarmas. El mismo Quezada hizo declaraciones -como abogado del juez- defendiendo la decisión de Urrutia sobre los beneficios otorgados a los 13 reclusos. En CNN, de hecho, calificó las reacciones tras la autorización de videollamadas para reos de alto riesgo como “destempladas y en algunos casos hasta ridículas”.

Aquello que se pide como básico en materia de transparencia para los poderes Ejecutivo y Legislativo se requiere también para el Poder Judicial. Así como se exige evitar conflictos de interés -reales o aparentes- transparentando y registrando las reuniones y conversaciones que han afectado el devenir de una ley o una política pública (ampliamente debatido en el caso de las comidas donde Pablo Zalaquett), ¿por qué tendría que ser distinto el estándar respecto de vínculos y reuniones con partes interesadas que puedan afectar la decisión de un juez, más aún cuando se está ordenando beneficios carcelarios para presos de alta peligrosidad? Como dice la ley, se trata de impedir cualquier circunstancia que pueda restar imparcialidad.

El juez, como todas las personas que detentan autoridad o una posición de poder y que toman decisiones tan claves y sensibles frente a la opinión pública, como son estas, no están exentas de escrutinio ni menos de dar explicaciones sobre sus decisiones y su actuar. Ciertamente, la posibilidad de que haya abogados defendiendo -sucesivamente- a jueces que otorgan beneficios a clientes suyos previos ciertamente no ayuda a contrarrestar la percepción ciudadana de desborde frente al crimen organizado, ni menos a combatir la impotencia de que no queda más que “cerrar por fuera”.