En Chile estamos tan acostumbrados a los temblores, que tendemos a seguir durmiendo si no es un terremoto.
Bueno: lo que está pasando con los niños y niñas después de la pandemia es un terremoto educativo y de grado máximo, como se ha dicho tantas veces. Pero aún no somos capaces de pararnos: estamos en parálisis y negación, mientras el cielo se nos cae en la cabeza.
Se calcula que más de 50.000 estudiantes se restaron del sistema escolar chileno entre 2021 y 2022, o sea 227.000 estudiantes de entre cinco y 24 años están fuera del sistema luego de abandonarlo entre 2004 y 2021, o bien, que nunca ingresaron al sistema escolar en ese período. Suma y sigue: cien mil escolares y 70 mil párvulos no tuvieron ningún tipo de contacto con su establecimiento el primer semestre, según balance realizado por centros de estudio de la Universidad de Chile y Católica. Un 64% de los niños de educación parvularia registró inasistencia grave en igual periodo. Los colegios no dictaron cerca del 30% de los contenidos planificados hasta septiembre, según la encuesta de monitoreo educacional en pandemia. Y la alta inasistencia en prekínder y kínder ha generado alerta sobre alza en desnutrición infantil: pasó de 1,8 a 2,6%.
Este terremoto se predijo: se advirtió en pandemia en todos los tonos que cerrar las escuelas, jardines y salas cunas del modo masivo y prolongado como se hizo en Chile, 71 semanas en promedio según el Banco Mundial, iba a traer como consecuencia un drama de proporciones en materia educativa, cognitiva y de salud mental. Lo dijeron muchos expertos y se verificó en países como Francia, que resolvió volver prontamente a la presencialidad, pues su Corte de Cuentas informó que los niños no habían aprendido nada a través de las clases on line. Pero en Chile el tema se polarizó y se politizó. El Colegio de Profesores insistió en mantener las escuelas cerradas, mientras el ministro Raúl Figueroa se jugó por abrir -al punto de ser acusado constitucionalmente-, y entonces caímos en la trampa en que caemos en Chile casi a diario: cero posibilidad de acuerdo. Y se llegó a medidas francamente ridículas: ¡Los niños podían ir al cine, pero no a clases! El ministro Figueroa tenía razón en insistir en reabrir lo antes posible, pues el remedio para prevenir el Covid -enclaustrar a los niños y niñas y cerrar escuelas- resultó peor que la enfermedad. Esta tragedia amenaza directamente aquello que estamos intentando hacer en nuestro país después del estallido social. ¡Qué pacto social será posible en un país en que sus niños y niñas penden de un hilo, pues sus proyectos vitales están en riesgo de llegar a un punto de no retorno! Todo esto ha profundizado la desigualdad: según estudio de Horizontal, la pérdida de aprendizajes afectó hasta tres veces más a estudiantes públicos que a los colegios pagados en pandemia. Estos últimos volvieron antes a la presencialidad y contaban con las herramientas tecnológicas y la ayuda de adultos a su alrededor.
¿Qué hacer ahora? En primer lugar, salir de la trampa de politizar, de nuevo, este problema. Al revés: hay que transformarlo en un tema de Estado y en prioridad nacional, por sobre cualquier diferencia ideológica y política. No usar esto ni para dañar al gobierno ni para dañar a la oposición y dejar a estos niños fuera del juego de suma cero en que estamos.
Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, dijo que hay que comprender la envergadura del problema. “Cuando tú no eres capaz de asegurarles a los niños el derecho a la educación y todo lo que ello
conlleva, considerando la educación como derecho humano y como habilitador de otros derechos, esto debiera ser un tema súper, hiperpriorizado, y la verdad es que no está siendo así”, aseguró. “Hagamos la pega, empecemos a tomar medidas y acciones concretas. Pero esas medidas no pueden ser individuales”. Acierta la defensora, porque esto no se resuelve con un programa por aquí y otro por allá. En los terremotos aparecen los daños estructurales, también están las réplicas posteriores y los daños más ocultos. Es un todo, que debe ser abordado integralmente. El Presidente Boric, desde México, ha dicho que la recuperación educativa “pasa a ser de las prioridades de nuestro gobierno”. Pero ahora eso debe hacerse carne en un plan robusto y transversal, que no se ha visto hasta ahora.
Propuestas y diagnósticos hay: lo que falta es la voluntad política de hacerlo “la” prioridad. ¿Podrán nuestras autoridades -gremios, Poder Ejecutivo y Congreso, para partir- ponerse de acuerdo, al menos en esto? ¿Podemos, más allá de toda diferencia, concordar que este terremoto grado máximo requiere salir de la parálisis, pasar a la acción y acordar un proyecto común?
