Columna de Paula Escobar: Demasiado Viva

“No voy a aceptar que una mujer deba responder por hombres adultos”, dijo la diputada RD Catalina Pérez, desligándose del millonario acuerdo entre su pareja y el exseremi en el llamado caso Democracia Viva. “Yo no he cometido ningún error aquí”, agregó.

“Ella puso la alerta en el ministerio con los distintos encargados (...) Lo conversa con todo el gabinete, incluido el ministro, y la gente que toma decisiones…”, dijo el senador Latorre, presidente de RD, sobre la responsabilidad de la subsecretaria Tatiana Rojas, también de RD.

Intento de victimización, por un lado (la diputada también es una persona adulta, con deberes y responsabilidades), y endoso y repartición de responsabilidades, por el otro.

Lo que denotan estas palabras es la no comprensión de la magnitud del caso, del daño para este gobierno y de la actitud requerida para ponerle algún coto.

Como el Mapocho y otros ríos en esta semana, este caso se está desbordando por varios lados, amenazando con un desborde mayor.

Algunas anegaciones ya ocurrieron. El caso disparó directo hacia la “promesa” generacional de que tendrían “superioridad moral” respecto de quienes gobernaron antes. Atacó su credibilidad y castigó la arrogancia juvenil de algunos. Este es el episodio que, sin duda, golpea más duro en aquel atributo que reclamaban para sí y sepulta las equivocadas pretensiones de que la fecha del carnet podría ser un marcador ético o un compás moral per se.

Más serio aún es que le disparó una flecha -que se ve mortal- al pacto fiscal que el ministro Marcel seguía tratando de sacar adelante. Con una oposición -y unos gremios- que evidentemente se endurecieron, este caso potencia a los “halcones” que no quieren ceder nada y debilita a las “palomas”: la parte de la oposición y del empresariado que comprende que es mejor acordar ahora un pacto fiscal que dé estabilidad, que proteja de los temporales pendulares, que se haga cargo de las necesidades de mayor gasto social y que permita avanzar.

Porque si ya era difícil el pacto fiscal, ¿quién se va abrir a un aumento de tributos con tamaño ejemplo de mal gasto público como el caso Democracia Viva revela? Más allá de eventuales delitos, que la Fiscalía y la Contraloría investigan, la descripción de los trabajos que harían en los campamentos de Antofagasta es insólita. En lugares donde la precariedad de vida no puede ser mayor, ellos cobran millones por hacer “conversatorios”… Además, este caso pone en tela de juicio el modo de asignar los recursos públicos. ¿Cómo se entrega tanto dinero, con tanta discrecionalidad, sin licitación? ¿Cómo se protege el Estado frente a proveedores cuando hay evidente conflicto de interés?

Más grave aún, este caso ayuda a debilitar un aspecto clave de la democracia: la confianza en las instituciones. Lo que esta fundación ha hecho es lo inverso: sembrar más dudas y sospechas sobre el Estado, sobre las fundaciones, en una ciudadanía agotada, enojada y asustada. Hastiada de “vivarachos” de distintos colores políticos.

Por eso, lo primero será aclarar y transparentar todo, sin ninguna defensa corporativa. Así lo señaló el Presidente Boric con nitidez, pero esa actitud debe permear a todo su gobierno y sus partidos. La responsabilidad de la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, cuestionada por haber recibido en mayo un correo donde se le alertaba por los convenios firmados por el ahora exseremi de Vivienda de Antofagasta, debe ser escrutada cabalmente. Igualmente se debe investigar y transparentar qué otras fundaciones -hoy y antes- han recibido dineros del mismo modo, para que no terminen pagando el costo reputacional fundaciones que hacen su trabajo adecuadamente.

En segundo término, hay que darle urgencia y prioridad a una agenda modernizadora del Estado, pues este episodio revela lo mucho que falta para prevenir posibles actos de corrupción, regular los conflictos de interés y controlar el buen gasto público. Es el momento de pasar a la ofensiva y concordar con la oposición un acuerdo de modernización en serio.

Por último, en RD deben mirar la realidad de frente; esto es grave y no da ni para una victimización, como la que ensayó la diputada Pérez, ni tampoco para tirar la pelota para el córner, como el senador Latorre.

Dicho esto, injusto como fue el Frente Amplio al juzgar a toda una generación concertacionista por los delitos o faltas de algunos, también lo sería replicar su actitud y extrapolar este grave y tóxico episodio a toda la generación que hoy gobierna. Sería caer en un infecundo péndulo, sin fin, de humillación política. Tentador como es para la oposición, debería pensar dos veces -y seriamente- si quiere contribuir entusiastamente a que el río se desborde.

Porque una vez que el río se sale de su curso -lo sabemos los mayores- arrasa con todo lo que tiene al frente.