Columna de Paula Escobar: El not-veto

Lo que pasó con las multas al incumplimiento del voto obligatorio es de los episodios más desprolijos y poco serios del último tiempo y constituye un feo autogol para el oficialismo.

En primer lugar, por el proceso, que fue de un nivel de vacilaciones e improvisación incomprensibles. Todo partió con la idea, a última hora, de que las multas fueran para “ciudadanos” y no “electores”, dejando en los hechos como voluntario el voto para los extranjeros con derecho a voto. Pareció una movida “por si pasaba”...

Y no pasó.

Superada la tentación de insistir en eliminar por secretaría a una parte de los electores (gatillando las suspicacias naturales del caso, ninguno de los involucrados nació ayer), el lunes se introdujo la incertidumbre de si el Presidente enviaría o no el veto, sin el cual el voto quedaba, en los hechos, como voluntario. Pasada esa nueva tentación, se presentó el veto, incluyó a los extranjeros, pero hubo una partida en falso: primero fue un “not-veto”, enviado y retirado. Inexplicable que se presente y socialice un texto y después otro: amateurismo inexcusable, improvisación o dejadez, también inexcusables.

El veto que no fue -enviado, pero no “ingresado”- implicaba, de refilón, los siguientes cambios: que las embarazadas (seres gestantes en el texto) no tuvieran multa, sin distinción de los meses de embarazo. Una mujer embarazada que se siente mal, evidentemente no va a ir a votar y el juez no le pasaría multa. Pero el embarazo no es una enfermedad, de hecho, una mujer embarazada trabaja hasta pasados los siete meses en jornada completa si está contratada en ese régimen. ¿Por qué no tendría que ir a votar? Luego, los mayores de 70 años quedaban eximidos de multa también: esto es tan ridículo como que quienes encabezan las preferencias presidenciales de cada sector hoy (Evelyn Matthei y Michelle Bachelet) habrían quedado con voto voluntario. O sea, consideradas muy capaces a sus 70 de conducir un país, pero consideradas muy mayores para ir a votar.

Finalmente, se retiró el “not-veto” y las indicaciones aludidas. Irresolutos durante varios días entre ser y no ser, cobrar o no cobrar, vetar o no vetar, en La Moneda optaron por una solución que acaso pensaron que era semisalomónica: bajar la multa a 33 mil pesos. Si antes podía llegar a más de 200 mil pesos, ahora quedó reducida a poco más del 10%. Es, sin duda, un cambio relevante respecto de la obligatoriedad del voto, lo hace más barato que estacionarse cerca de una esquina, y se contradice con la propuesta oficialista anterior para regular el voto obligatorio, de octubre de 2023, como recordó Ex Ante. Determinaba una multa de $198 mil (3 UTM) para quienes no votaran, la que solo podía ser rebajada en un 25% por pago anticipado.

Y aquí está lo más equivocado y peligroso de esta triste comedia de equivocaciones: haber hecho, entre gallos y medianoche, a tres meses de una elección, cambios a las reglas. Es lo contrario a lo que John Rawls proponía, hacer reglas bajo “el velo de ignorancia”, es decir, con prescindencia de qué lugar uno ocupa en la sociedad, del lado de la mesa en que uno esté. Hacer reglas en el borde de una elección es hacerlo -o parece serlo- bajo el velo del interés propio.

Por cierto que es debatible política y jurídicamente si los extranjeros con cinco años de residencia deberían tener derecho a voto o no. Legislación comparada muestra que no es lo usual y, por cierto, es un tema para reflexionar y debatir. Pero en las últimas dos elecciones, ese grupo tuvo las mismas reglas que los ciudadanos, y para aprobar o rechazar ¡la nueva Constitución! ¿Cómo se explica que hayan tenido obligatoriedad para la ley más fundamental y relevante y de larga duración para una sociedad, como es una Constitución, pero voluntariedad para elegir a las autoridades locales? Lo mismo pasa con el valor de la multa. Se podrá discutir cuál es el precio razonable, pero no a tres meses de una elección. Lo que correspondía era mantener las reglas de las últimas dos elecciones con voto obligatorio y después hacer una discusión seria sobre la materia.

El daño de todo este episodio no es solo para el oficialismo, sino para el sistema político en general, al que no le sobra la confianza ciudadana. Es de esperar que episodios como este sean la excepción y no la apertura -para cualquier sector político- de este tipo de malas prácticas, como lo es el hecho de cambiar las reglas del juego sobre la marcha. Menos aún respecto de las normas de carácter electoral. Tenemos una institucionalidad electoral que sobrepasa con creces, en confianza y prestigio, a tantas otras de nuestro país. El Servel nos permite enorgullecernos de contar y conocer los resultados de la votación de modo transparente, eficaz y sin sospechas.

Ese debe ser el espíritu. El episodio del veto va en sentido contrario.