Columna de Paula Escobar: El qué, el quién

Qué o quién. Una sola palabra, pero que pesa. Simbólicamente para los del P. Republicano; jurídicamente, para sus detractores.

Y después de semanas de debate, finalmente primó la propuesta del Consejo Constitucional: la ley protege la vida “de quien está por nacer”, en vez de la redacción actual, que dice del “que está por nacer”.

Para los expertos oficialistas, esta disposición, sumada al artículo 13 de la propuesta -que dice que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años”-, pondría en riesgo la constitucionalidad de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como aborto en tres causales, que permite la interrupción del embarazo en caso de riesgo de la vida de la madre, de inviabilidad fetal y en caso de violación, que rige desde 2017 y que es uno de los legados de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Y no solo lo ha advertido el oficialismo. También lo han alertado desde el centro y algunos desde la centroderecha liberal. Lucas Sierra, académico y ex CEP: “Entendidas en conjunto, arriesgan el peligro cierto de desafiar esa ley y de amarrar las manos del legislador democrático en estas materias”, escribió en El Mercurio.

Desde el P. Republicano sostienen que no la pone en riesgo, que hay otros abogados que los avalan en su predicamento. Es cierto que hay quienes sostienen aquello, pero justamente las públicas y notorias discrepancias entre juristas de prestigio lleva a concluir que no hay consenso en si pone en riesgo o no. De hecho, llevamos semanas discutiendo, y se abre un camino de duda respecto de un derecho ya ganado y cerrado en su debate jurídico. ¿Por qué y para qué entrar a ese camino de incerteza sobre un derecho?

La falta de consenso experto en la materia, reitero, en sí es una alerta de riesgo.

Y para quienes creemos que es la mujer violada quien debe poder decidir qué hacer con ese embarazo -y no el Estado-, esa sola posibilidad de riesgo es suficiente para levantar las alarmas.

Y más aún tomando en cuenta que esta es una agenda muy relevante para el P. Republicano, hegemónico en el Consejo Constitucional. Si, como dicen, esto no cambia en nada la situación constitucional de la ley de despenalización del aborto en tres causales, ¿por qué no es transable bajo ningún punto de vista, como sostuvo Kast en el Canal 13 hace una semana? Si no tiene efecto constitucional, ¿por qué no darle atención y respeto a quienes piensan que es un derecho de las mujeres que no puede arriesgarse constitucionalmente?

Y son muchas las personas que piensan que este es un derecho; solo una minoría piensa -como los del P. Republicano- que el aborto debe estar prohibido en cualquier caso: 23% (según Encuesta Bicentenario UC) o 19% (según última CEP).

Y un 61% dice que poner en riesgo el aborto en tres causales es un fuerte movilizador para votar en contra, según Cadem. Criteria coincide: dice que a un 58% ese riesgo los inclina a votar en contra, y -ojo- también a más del 30% de los indecisos. Y si bien es cierto que Chile Vamos hizo esfuerzos valorables en materia de género en las negociaciones de esta semana, será difícil que estas compensen -si se aprueban- lo que se puede arriesgar. Como dice la abogada Elisa Walker, es difícil ganar paridad o reconocimiento constitucional de los cuidados a costa de arriesgar a las mujeres actuales y futuras que puedan sufrir el drama de estar embarazadas por violación, con riesgo vital, o con un embarazo inviable.

Ellas necesitan, y necesitarán, certeza y garantía jurídica, la que teníamos desde 2017 y que ahora se precarizaría. Reitero: si abogados de prestigio y trayectoria, de distintas sensibilidades políticas, piensan distinto respecto de que pueda arriesgar la inconstitucionalidad de las tres causales, si esto se aprueba se abre un camino de judicialización.

Chile Vamos intentó cambiar lo aprobado y restablecer la redacción de la Constitución vigente, pero no tuvo los votos de los comisionados oficialistas, pues Verónica Undurraga explicó que si no se suprimía la otra norma, el riesgo permanecía. Chile Vamos acusa rigidez del oficialismo, así como desde el progresismo acusan de intransigencia para mirar el conjunto de la propuesta a las derechas.

La repartición de culpas está desatada, pero desde el punto de vista de Chile Vamos, y dado que hay en sus filas quienes están a favor de las tres causales -Evelyn Matthei, para empezar-, la pregunta es cómo dejaron escalar esto hasta acá, dando sus votos para cambiar el qué por el quién, y para agregar que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años”.

Porque lo que se abrió es un flanco -¿o socavón?- para el proceso. Uno que ya no tiene vuelta atrás, salvo que en el Consejo, 50 personas que no se han puesto de acuerdo unánimemente casi en nada, ahora lo hagan respecto de una materia que es, claramente, un parteaguas.