De mascarilla negra y pantalón rojo, rodeada de dos autoridades de Arabia Saudita, vestidos a la usanza tradicional. Uno de ellos sería un príncipe-ministro. Así se vio esta semana en fotos a la senadora Jacqueline van Rysselberghe, exmandamás de la UDI. A la sorpresa inicial, vino el desconcierto: está de viaje, en Arabia Saudita. El aeropuerto chileno está cerrado, los casos y muertes no ceden, de nuevo toda la Región Metropolitana cae a cuarentena, hay terror de que ingrese la cepa Delta, pero todo eso es un problema para los demás y no para ella. Está de visita, por lo demás, en uno de los países más machistas y menos democráticos del planeta, pero donde no tuvo problema para ser invitada, aceptar esa invitación y obtener la visa correspondiente. (Esta semana se supo que el Presidente también organizaba -¿habrá un timing más insólito?- una larga y nutrida gira presidencial a Europa, la que tuvo a bien suspender).
Salir al exterior, “afuera”, mientras todos los demás están con candado, refleja una falta de empatía y de prioridad incomprensibles. Especialmente cuando nadie puede salir. O solo quienes el gobierno quiere expulsar.
La semana pasada, justamente, un nuevo grupo de migrantes, más de 50 venezolanos, fue sujeto de otra expulsión “colectiva”. Fue en domingo, con la oscuridad de las 5 de la mañana, en una programación que pareciera intentar que estas expulsiones colectivas pasen desapercibidas frente a la opinión pública.
Tras la aprobación de la nueva Ley de Migraciones han aumentado los decretos de expulsión. Estos 56 fueron subidos a un avión Sky rumbo a Caracas, en el segundo vuelo comercial empleado para estos fines en dos meses por parte del gobierno chileno. Diecinueve cumplían condenas por delitos, lo cual, por cierto, es suficiente motivo para su expulsión, pero 37 no estaban condenados por delitos, sino que ingresaron a Chile de manera irregular, por pasos no habilitados. Y no obtuvieron visa, pero hay que sincerar que tampoco las están dando. (Así como a la senadora UDI le dan visa para cualquier país, aquí en Chile es muy difícil que un venezolano la obtenga y logre no ser expulsado de vuelta a la dictadura de Maduro).
Los reclamos de ONGs y organizaciones migrantes, una vez más, no fueron escuchados. Los “vuelos de terror”, como los llamó la directora del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, siguieron incólumes. Claro que, esta vez, el mismo domingo, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió de forma unánime una orden de no innovar por un recurso de amparo presentado en favor de una ciudadana venezolana, Yasmery Silva, quien ingresó de manera irregular por Colchane el año pasado. Su expulsión quedó paralizada. Al día siguiente, la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió también un recurso de amparo, dejando sin efecto la expulsión de Víctor Urdaneta, venezolano sin visa y con ingreso irregular a Chile, por un paso no habilitado. En fallo unánime, estableció el actuar arbitrario e ilegal de la autoridad al decretar la salida forzosa del país del amparado. “Debe tenerse en consideración la epidemia generada por el virus Sars-CoV 2 (...). Además, las persecuciones políticas y dificultades económicas más las carencias sanitarias que padecen en sus países de origen quienes ingresan irregularmente a Chile (...), de modo tal que de mantenerse el decreto de expulsión del territorio nacional de un ciudadano extranjero bajo tales circunstancias implicaría necesariamente una afectación de la integridad física, síquica y seguridad personal de los mismos”, dice el fallo. Además de todo esto, el jueves, el presidente de la Corte Suprema instruyó a las Cortes de Apelaciones a revisar amparos en horarios inhábiles, por ejemplo, los domingos.
La señal de la Suprema es clara. Y demuestra el evidente punto ciego del Ejecutivo respecto de la situación de los migrantes y, especialmente, del caso de los venezolanos. ¿Dónde quedó esa arenga en Cúcuta? ¿La invitación a venir a Chile? Enviarlos de vuelta sin analizar cada caso pone en cuestión normas sobre el refugio y el respeto a sus derechos humanos, aspectos que la Cancillería chilena -tan elocuente en su crítica al régimen dictatorial de Maduro- debiera contemplar.
Están previstos 13 vuelos adicionales para expulsiones colectivas. Las señales y resoluciones del Poder Judicial deberían llamar a la reflexión al gobierno y, en especial, a la UDI (y a la senadora Van Rysselberghe). Ojalá pudiera entender que mientras ella viaja al otro lado del mundo, con visa y sin restricciones, otros acá luchan por no ser expulsados de vuelta -y de madrugada- al infierno del cual salieron.
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