Columna de Paula Escobar: Huracán Vodanovic

¡Voltereta! ¡Populismo! ¡Movida electoral!

La semana ha estado plagada de epítetos así desde la derecha -y de perplejidad en parte de la izquierda- tras el huracán que desató el alcalde Tomás Vodanovic al pedir presencia de militares en la calle para resguardar la infraestructura crítica en Maipú, donde se encontró el cuerpo del militar (r) venezolano Ronald Ojeda, en una maleta, bajo un cubo de cemento. Le ha llegado no poco fuego amigo, y mucho más de la oposición.

Como pasa habitualmente en el debate público, este se consume en (des) calificar intenciones y personas y se enfoca poco o nada en las propuestas en sí, su eficacia y pertinencia. Vamos a aquello. Hay consenso en que el crimen organizado se ha instalado con fuerza en Chile y que las herramientas y recursos de antaño no bastan. Segundo consenso: es la principal preocupación ciudadana, por lejos. Tercero: no hay ejercicio de los derechos más básicos si no se puede salir a la calle, si esta es territorio hostil y “tomado” por el crimen. De allí la angustia no solo de las víctimas y sus familias, sino de todos los demás; la angustia de que los criminales sean dueños de la calle, y ver un Estado ausente o impotente. Con esa sensación ambiente de impunidad “territorial”, los criminales escalan su poder. Por eso la iniciativa del alcalde Rodolfo Carter de demoler las casas narco capturó tanto la atención: no porque fuera la gran panacea ni la solución al crimen, sino porque había una autoridad en terreno, mostrando presencia frente al narco. El gobierno, que al principio lo criticó (también lo hizo el alcalde Vodanovic), luego le copió la idea con la demolición de narco mausoleos, para restablecer allí plazas y juegos infantiles. Recuperar el control del terreno es una señal potente de una autoridad que no se rinde ante esta nueva “normalidad”.

Visto todo lo anterior, la petición del alcalde Vodanovic -y de varios más, incluido el gobernador Orrego- de que militares colaboren en el resguardo de infraestructura crítica, sería también una señal potente de presencia del Estado. Ahora bien, entre los expertos -y lo dijeron los mismos militares en la reunión del Cosena- hay bastante consenso también en que “sacar a los militares” sin claridades, sería un error. No tienen formación ni preparación para desplegarse en zonas urbanas y hacer control del orden público. Cuando se forman para ganar una guerra actúan con una lógica muy distinta a la de las policías que, al controlar el orden público, deben intentar hacerlo causando el menor daño posible. Desplegarlos, por ejemplo, para desalojar una toma, o para que intervengan en una población, sería desaconsejable y de alto riesgo, tanto para los civiles como para los mismos militares.

Distinto es el caso de la custodia de la infraestructura crítica: malls, estaciones de metro, entradas y salidas de autopistas, hospitales u otros. Allí, su presencia podría ser disuasiva y segurizante para la población, justamente porque representa la recuperación de la calle por parte del Estado. Además, podría liberar de aquella labor a policías que escasean. Hacer un plan piloto al respecto sería lo adecuado, para luego evaluarlo y analizarlo. Y sería una muestra de que se avanza con rapidez y en terreno, de modo acotado y conjunto.

Pero para ello se deben aprobar dos proyectos: la ley de Infraestructura Crítica y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) que darán claridad sobre atribuciones y mandatos, marco de acción, iniciativa que sin embargo está “estacionada” en el Congreso, a pesar de que el gobierno le ha puesto varias veces urgencia. Sin RUF nítidas no se puede ni se debe avanzar. Además, se debe acelerar lo más central para resolver este problema, que es fortalecer a las policías (la reforma avanza a paso cansino) y aumentar su dotación: más postulantes (este año se flexibilizaron requisitos y hubo más), recuperar a policías ya jubilados y destinar a civiles a labores administrativas, para liberar a los policías de aquel trabajo.

Pero todo esto requiere de un sistema político capaz de ponerse de acuerdo y procesar las diferencias. Vodanovic descolocó fuertemente a parte de la izquierda, que identifica esto con políticas de derecha. Y también descolocó a la derecha, que no esperaba una petición así de un alcalde frenteamplista, y porque resiente que no hayan apoyado medidas de este tipo cuando ellos gobernaron. Es cierto que parte del oficialismo de hoy fue obstruccionista, pero no se puede seguir en esta parálisis y estas trifulcas. Porque mientras los políticos se disputan y cobran cuentas, el crimen organizado sigue descuartizando, secuestrando y matando, a vista y paciencia de chilenas y chilenos enrabiados y angustiados que, sin embargo, piden a sus políticos que actúen sin ese miedo y esa rabia, sino con valentía y pragmatismo.