Ataviado con un gorro de cocinero y una bata blanca, el diputado Hernán Palma comenzó a revolver una olla vacía frente a las cámaras. Dijo que era su modo de protestar contra el Acuerdo por Chile, que era -a su juicio- el triunfo de la “cocina”. “Hay un mundo allá afuera que no está conforme con la manera en que se hace política”, dijo, y agregó que no le parecía que su performance fuera parte de lo que las personas rechazan de la política actual.
El diputado Palma, del PH, fue electo por 940 votos, equivalentes a un 0,24 % de los votos. (En las elecciones municipales de 1992, según su biografía oficial de la Biblioteca del Congreso, fue candidato a concejal por Puente Alto, pero no resultó electo, al obtener 2.525 votos, equivalentes a un 2,94% del total de sufragios).
Contrariamente al objetivo de su acción de protesta, ver a un diputado más encima electo con menos de mil votos disfrazado de chef -y al que hace 20 años, con el doble de votos, no le alcanzó para ser concejal- revela la necesidad de sacar adelante el acuerdo constitucional. A pesar de no ser perfecto, a pesar de sus limitaciones, es imperativo hacer una nueva Constitución que, dentro de los temas centrales que deberá abordar será, justamente, un cambio al sistema político y electoral que ponga remedio a la extrema fragmentación.
Esto no es un problema de personas ni de disfraces, sino de diseño institucional. El actual incentiva todo aquello que este diputado -y tantos otros- exhiben: sea la estridencia para figurar en los medios de comunicación, la cero disciplina, el discolaje a la orden del día o los requerimientos de los parlamentarios de que les “pregunten de a uno” cada materia, o el bloqueo de las iniciativas de quienes son adversarios políticos. En definitiva, “hacer puntos políticos” en vez de sacar adelante la tarea. Tener 21 partidos representados en el Congreso hace que el sistema tienda hacia la parálisis, la ingobernabilidad. Es la política de los archipiélagos, de los átomos. Además de aquello está la fragmentación interna de cada partido. Lo dijo con todas sus letras el senador José Miguel Insulza: “Cada uno quiere hacer lo que quiera”. Hay incentivos a tratar de ser “llaneros solitarios”. Al amenazar en la hora cero con desembarcarse de un acuerdo, negocian su voto en oro (¡es cosa de ver el actuar del desmembrado PDG!). Y así también se arman y desarman bancadas, a ritmo galopante: le conviene a cada cual tener su propio “emprendimiento”, ojalá su propio partido. La lógica de “gran bazar” que se criticó tanto en la pasada Convención Constitucional -cada cual pidiendo lo suyo sin mirar el todo- se da a diario en el Congreso hoy, así como la lógica del pirquineo, de la transacción como único lenguaje posible. Todo esto se traduce en términos comunicacionales en un show incesante. Después de tanto hablar de la Tía Pikachú, parlamentarios de lado y lado aparecen en la misma: un día con una guitarra, otro con pelota de fútbol o ahora disfrazado de chef…
Ese incentivo al discolaje externo e interno debe enfrentarse ya. El sistema electoral proporcional -positivo como fue para dejar atrás el binominalismo, que causaba, por un lado, sobrerrepresentación de la derecha y exclusión de otras sensibilidades políticas- ha dado paso a esta balcanización política que impide avanzar.
¿Qué hacer?
Aumentar el umbral de exigencia para ser partidos políticos a la obtención de al menos el 5% de la votación es lo primero. Y lo segundo, y muy decisivo, es que si se renuncia a la colectividad se pierde el escaño. Con menos partidos, y mayor solidez en los vínculos dentro de los partidos, se tenderá a un sistema que habilite los acuerdos, que promueva mayor disciplina interna y que fortalezca a los partidos políticos.
Como esta materia es muy difícil que la cambien los incumbentes, es decir los partidos actuales -que podrían desaparecer con las mayores exigencias-, es muy importante que se aborde esta materia en un nuevo proceso constitucional. Por eso es mejor el acuerdo no perfecto a no tenerlo y quedarnos como estamos.
La pregunta del millón es si los partidos actuales, que designarán a la Comisión Experta, optarán por qué tipo de perfil para esas 24 personas. ¿Serán personas capaces de estar por sobre los intereses de quienes los escogieron? ¿Pensarán en el bien común, esto es, en actuar contra esta fragmentación al ponerles estándares más exigentes a aquellos partidos? ¿O serán escuderos ideológicos u operadores políticos de los mismos?
De cómo se conteste esta pregunta, entre otras, dependerá el resultado de este tercer intento constitucional. Uno imprescindible para dotar a Chile de una Constitución legítima, que aborde materias esenciales del siglo XXI y que ayude a salir de la política del espectáculo y de la banalidad, la que justamente ha ejemplificado esta semana tan bien el diputado chef.
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