Columna de Paula Escobar: La ley de la calle

Que cierren puertas y ventanas por riesgo de balas sueltas.

Que guarden mascotas por los fuegos artificiales.

Y la guinda de la torta: suspensión de clases.

Todo eso pasó en Talagante, donde el colegio Niño Jesús suspendió las clases por “funeral de alto riesgo”. En la reciente ola de homicidios en la Región Metropolitana -incluidos menores de edad- , también fueron asesinadas dos personas en Talagante, cuyos funerales gatillaron las medidas descritas. Así, la idea de la impotencia del Estado frente al crimen se reforzó con esta inversión completa: las personas deben cambiar su vida, incluidos los niños, para adaptarse, de facto, a lo que quienes transgreden la ley les permiten.

Los niños y niñas -que aprenden por lo que los adultos hacen, no por lo que dicen- contemplan así, una vez más, quién manda a quién. Quién pone las reglas, quién se subordina a quién, dónde está el poder. La ley de la calle.

En el pasado, el exministro de Educación Marco Antonio Ávila fue muy criticado al mostrarse a favor de la suspensión de clases por narcofunerales, pues fue visto como un entreguismo total a los márgenes de acción que imponen los narcos. Que a pesar de las críticas que él recibió esto se repita es alarmante, daño sobre daño. Y los niños puede que no entiendan en detalle de políticas públicas comparadas o de evidencia internacional, pero entienden muy bien lo que ven.

No hay una bala de plata para combatir el crimen: lo repiten -y con razón- los expertos en seguridad. Proponen medidas que son, de hecho, esenciales: control del dinero ilegal, intervenciones en las cárceles para que no sean ”casa matriz” del crimen organizado, mayor dotación de policías (y destinarlas a labores en terreno y no de oficina), coordinación entre autoridades locales, entre otras, algunas de las cuales fueron abordadas en el fast track legislativo anterior, y en esta semana. Y, lo más importante, invertir en prevención del delito para evitar la atracción de las bandas criminales sobre los jóvenes.

Pero también es cierta y real la dimensión simbólica del combate al crimen. El pánico y la sensación de inseguridad de la población también son un problema, así como las realidades que se construyen cuando vecinos deben dejar a sus hijos en la casa, cambiar sus recorridos y horarios, vivir con temor a las balas locas. El Estado, entonces, se debe hacer cargo de las políticas públicas que van previniendo, coartando y castigando con firmeza la conducta criminal, pero también debe enfrentar la impotencia de la ciudadanía y tomarse en serio su miedo. En esa línea posiblemente se inscribe la petición del senador José Miguel Insulza de decretar estado de sitio como una manera de dar un golpe de autoridad, de mostrar los dientes del Estado para asegurarles a las personas sus derechos, uno de los más básicos es justamente la seguridad. Pocos conocen como Insulza la complejidad del Ministerio del Interior, pues ha sido quien más años ha “habitado” ese cargo, y es un político serio, pero para muchos expertos y juristas, esta no sería una solución efectiva y, por cierto, tiene muchos riesgos (pese a los logros que ha tenido el despliegue militar en el norte y en el sur). Pero la señal de alerta que levantó Insulza es muy legítima. Un paso más adecuado sería que los militares protegieran infraestructura crítica, en perímetros determinados, algo en que hay bastante consenso: lo han pedido alcaldes desde la derecha hasta del PC. Para ello es clave que se aprueben las leyes ad hoc: de Protección de Infraestructura Crítica y de Reglas de Uso de la Fuerza, en primer y segundo trámite constitucional, y con plazo abierto para ingresar indicaciones (hasta 1 agosto y 5 septiembre). Aunque han avanzado con bastante consenso en las comisiones de Defensa y Seguridad del Senado, falta trecho aún, debido a diferencias que pueden ser legítimas, pero que no pueden ser obstáculos para avanzar. Se debe ceder para sacarlas adelante y poder hacer ese despliegue militar con límites claros, y sacar lecciones al respecto.

Junto a políticas públicas preventivas y de efectividad en combatir el crimen, desplegar a los militares en infraestructura crítica le daría a la ciudadanía una mayor seguridad y confianza cuando ponen un pie en la calle, cuando mandan sus hijos al colegio. Es una medida acotada y que va en la dirección de recuperar control territorial, de dar la señal de que no priman la ley de la calle y la impunidad total para los criminales.

Porque así como hoy no parece aconsejable decretar estado de sitio, tampoco parece lógico que los militares miren esto desde la total distancia, ajenos a la horrible disrupción del crimen organizado, que les impide hasta a los niños el más básico de sus derechos, como son la seguridad y la educación.

El Estado no puede sobregirarse en esta lucha contra el crimen, eso es verdad, pero tampoco debe achicarse frente a un enemigo tan poderoso y descarado.