Columna de Paula Escobar: Las juntas donde PZ
Que si era con sándwiches o era de mantel largo. Que si había papas fritas o qué tipo de queso, con jugo o con vino. Los encuentros en el departamento del ex alcalde y lobista Pablo Zalaquett se han transformado en comentario obligado, hasta en las más pequeñas nimiedades. El P. Republicano -era que no- se ha dado un festín: ahora pide Comisión investigadora para lo que ha denominado “reuniones clandestinas” de seis ministros de Estado (con un ex alcalde de derecha y empresarios).
El problema es que la exageración (“clandestinas”) así como la frivolidad arriesgan a que este episodio -que es serio- no deje ninguna lección.
Vamos por parte. Es cierto que no todo diálogo es lobby, como dijo el ministro Grau. En la comida de la Sofofa, por ejemplo, lo que se espera es que empresarios y autoridades conversen. Pero en ese caso, como es una actividad pública, no debe registrarse. Y si un ministro es invitado a exponer frente a una audiencia, que en la audiencia haya personajes de tal o cual tipo no alteraría el hecho de que era una exposición y no un intercambio. Pero cuando hay una comida particular, no es lo mismo con quiénes: importa si son representantes gremiales y de industrias particulares, especialmente si se trata de empresas reguladas por esas mismas autoridades.
Primer punto, entonces: distinguir. Sí bien una charla expositiva a líderes de opinión no ameritaría ser registrada, es distinto, convengamos, sentarse a la mesa en conversación con dirigentes gremiales con un ministro de su sector. La prudencia, antes aún que la ley, indicaría que evidentemente es mejor dejar eso registrado, pues no son espacios donde la opacidad ayude a hacer mejores políticas públicas. Que la ministra Maisa Rojas haya revelado que no sabía que Pablo Zalaquett era un lobista, abona esta tesis: lo habría sabido si se hubiera seguido el procedimiento.
Segundo punto: hacerse cargo de las expectativas. Este gobierno debe poner la vara para juzgarse a sí mismo en el mismo lugar donde se la puso a quienes juzgó antes. Y respecto de los conflictos de interés con el poder, el Frente Amplio no sólo rechazó elocuentemente la “cocina” política, sino que parte de su discurso fundacional estuvo basado en dejar atrás a quienes, a su juicio, lo “cocinaban” todo. El ex senador Andrés Zaldívar quedó como el “niño símbolo” de esta práctica que la joven izquierda aborrecía.
No había nada ilegal en las cocinas del senador Zaldívar, hasta donde se sabe. Solo que esa opacidad al discutir las cosas no en sede oficial sino en sede casa particular -y con metáfora gastronómica de por medio-, no se veía bien a ojos de la ciudadanía. Y el discurso frenteamplista caló hondo, pues se asimiló negociación a puerta cerrada con una clase política que todo lo arregla entre sí, sin rendir cuentas, sin que nadie supiera.
Al llegar al poder, extraña entonces que no se hagan cargo de la expectativa sembrada, pues la respuesta respecto del episodio PZ ha sido jurídica. No es ilegal, dicen. Bueno, tampoco lo era la cocina de Zaldívar. No era el punto. Porque, además, la ley es lo mínimo que se pide, no lo máximo. El punto es político, comunicacional y también de sentido común. Y, más que seguir tratando de cuadrar el círculo -cuando, además, expertos en la materia han tenido un criterio distinto al del gobierno-, este debiera asumir que, al menos algunas de las reuniones donde PZ, fueron actos carentes de prudencia básica.
Luego, el gobierno se debiera preguntar por qué para “dialogar hasta que duela” con empresarios tenían que pasar por Zalaquett. ¿No hay lazos directos? Si es así, entonces tienen que trabajar sus vías directas de comunicación con quienes quieren, y deberían, conversar. Porque deben seguir conversando. Tampoco sería deseable que después de esto, ministros y autoridades huyan como de la lepra de cualquier comida o cóctel, o que haya que juntarse en la casa de vidrio. Crear confianza es condición necesaria para los acuerdos. Lo importante es que distingan los tipos de invitación y se establezcan protocolos claros, de modo que no se tienda un manto de duda sobre el quehacer del Ejecutivo o del Legislativo. Incluso debe analizarse si hay que hacer reformas o mejoras a la Ley del Lobby, vigente hace 10 años.
Por último, un tema de la mayor relevancia es no debilitar la institucionalidad dedicada a velar por la transparencia en Chile, como está sucediendo hoy. El Consejo para la Transparencia tiene dos cupos pendientes y no puede sesionar por falta de quórum desde este mes. El gobierno debe proponer los nombres para esos cargos con la mayor urgencia, y velar porque sean personas expertas en la materia.
Es importante así ir separando lo accesorio de lo importante, antes de que el episodio sea consumido por un sinfín de exageraciones y detalles. Sabrosos, sí, pero irrelevantes.
