Columna de Paula Escobar: Los niños no pueden pagar el pato

Después del escándalo de Democracia Viva, más que cuesta arriba se ha puesto llegar a un pacto fiscal.

Pero, indignante como es toda esta situación, no puede usarse por la oposición o los empresarios como excusa para mantener el statu quo. Se debe acordar ahora un pacto fiscal: no solo el gobierno piensa esto, sino que el expresidente Lagos y el exministro Andrés Velasco (quien además fue muy categórico en que con crecimiento solo no da).

Si no se hace, el costo lo terminarían pagando los más vulnerables: pues de este pacto depende el aumento de la PGU, acortar las listas de espera en salud, mayores recursos en seguridad y, en particular, la sala cuna universal.

Déjenme detenerme en la sala cuna universal: hoy solo tienen acceso a ese derecho los hijos e hijas de mujeres que trabajan en empresas con más de 20 trabajadoras, como establece el artículo 203 del Código Laboral. Hay bastante consenso en que es una norma discriminatoria y muy dañina. Sin tener dónde dejar a los hijos, muchas mujeres no pueden trabajar (gran parte de la labor de cuidado recae en ellas, 75%). Chile tiene una baja inserción laboral femenina: 51,0% versus 69,7% de la OCDE. Actualmente 1.338.800 esgrimen “razones familiares permanentes” como causa principal de inactividad laboral. Esta cifra empeoró por el Covid, justamente porque por otra pésima política pública (cierre de escuelas muy prolongado) les impidió a 900 mil mujeres seguir trabajando

Y el grupo más rezagado en recuperar el empleo de niveles prepandemia es el de mujeres con hijos e hijas menores de tres años, según un estudio de Chile Mujeres.

El artículo 203, además de desincentivar la contratación de mujeres (se evita contratar a la número “20″), les traspasa el costo de la sala cuna. Un informe del CEP al respecto explica que el costo de la sala cuna es traspasado en casi el 100% hacia los trabajadores, y una mayor proporción del costo es absorbida por las mujeres en edad fértil, según el estudio de Villena, Sánchez y Rojas (2015).

Frente a esta realidad, muchas mujeres trabajan en empleos informales. Y no solo su trabajo es informal, sino que también el cuidado de sus hijos e hijas. Las que no tienen redes familiares emplean las llamadas guarderías clandestinas, que no están sujetas a regulación alguna. La imagen de un niño colgando por el balcón en una de ellas nos impactó hace meses, pero ya se olvidó ese niño y los demás que están en riesgo, pues sus madres no tienen dónde dejarlos.

Que Chile está al debe en materia de empoderamiento económico femenino, de eso no cabe duda. El último Global Gender Gap Report, del Foro Económico Mundial, revela el rezago: Chile solo llega al lugar 96 del ranking en participación económica, mientras destaca por su gran avance en empoderamiento político (gracias a la paridad en el gabinete y otros espacios), alcanzando el lugar 12 del mundo. “En todo el mundo, los sistemas de cuidado inadecuados son uno de los mayores obstáculos para mejorar las diferencias de género en el mercado laboral”, establece el reporte.

Cualquier posibilidad de futuro para Chile pasa por aquí. Como afirman los expertos, no hay mejor política contra la pobreza que “mamá trabaja”, y ninguna política combate mejor la desigualdad que las salas cunas y jardines gratuitos y universales.

Desde 1997 se discuten en nuestro Congreso iniciativas al respecto, pero ninguna ha llegado a puerto. El gobierno anterior presentó un proyecto, que está tramitándose en el Senado. El gobierno actual debe decidir si presenta indicaciones a este o uno propio. Desde el punto de vista pragmático, sería más eficiente trabajar sobre lo ya avanzado, especialmente porque este cuenta con el apoyo de la oposición, sin cuyos votos no verá la luz. Una modificación importante en tal sentido tiene que ver con la corresponsabilidad. Este debería ser un beneficio no solo para madres (como establece el proyecto actual), sino también para padres.

Pero sea cual sea la fórmula elegida, la sala cuna universal requiere aprobar recursos nuevos y permanentes (el costo, según cálculo de Hacienda, es de 0,07% del PIB). Lo mismo pasa con el aumento de la PGU, listas de espera, seguridad. Para eso es necesario un pacto fiscal, que por cierto debe incluir medidas para la modernización del Estado, así como normas antielusión y evasión, pero también nuevos tributos.

Pensar en esas mujeres sin trabajo y en esos niños sin cuidados, en los enfermos y en los jubilados debería motivar a sentarse de nuevo a la mesa de negociación con Hacienda, especialmente a quienes dicen estar pensando no solo en este ciclo político, sino en las décadas que vienen.

Que el costo del escándalo Democracia Viva(racha) lo terminen pagando los más vulnerables, especialmente niños y niñas, sería de una miopía imperdonable.