Columna de Paula Escobar: Pensiones: solidaridad (y justicia) con las mujeres

Cero peso para solidaridad en la cotización adicional.

Esa es la postura declarada por gran parte de la oposición, ahora que la reforma de pensiones entra en fase final, pues se destinarán seis semanas para intentar un acuerdo. Ya hay consenso sobre la necesidad de una cotización adicional de 6%, pero el punto de quiebre, hace años, es cómo se distribuye. En el gobierno del expresidente Piñera se había llegado a acuerdo de tres a la cuenta individual y tres a solidaridad inter e intrageneracional. La derecha lo aceptó, pero parte del oficialismo de hoy, no.

Luego, el expresidente Piñera promulgó la PGU, que vino a hacer más sólido el Pilar Básico Solidario, creado por la expresidenta Bachelet. La PGU aumentó los beneficiarios y el monto, convirtiéndose en una política pública muy relevante, pero no suficiente. Pues bien: el Frente Amplio y el PC, de haber querido enteramente para reparto el 6% adicional, se allanó al tres y tres. Pero ahora es la derecha la que dice que no: todo a cuenta individual o no hay reforma. ¿Las razones? Que la PGU ha cambiado la fisonomía del problema y que las encuestas muestran que la gente quiere eso. En su óptica, los retiros se llevaron, aparte de los ahorros, la noción de solidaridad.

Pero ambos argumentos no son suficientes para justificar su categórico 6/0. Vamos a las encuestas: también muestran que las personas quisieran más retiros de fondos de pensiones, por ejemplo. O reflejan un rechazo a aumentar la edad de jubilación (otra idea que circula en el sector y que Juan Sutil planteó en CNN). ¿Por qué las encuestas, en estos casos, no determinan su postura, pero en el debate sobre la solidaridad en algún grado de la nueva cotización, son las que determinan su discurso y decisión?

En segundo lugar, más allá de la PGU, hay pensiones que hoy siguen siendo muy bajas y que no se beneficiarán con la cotización adicional si va entera a la cuenta de cada cual. ¿Deben dejarse de lado esos ancianos y ancianas que vivirán con una PGU que es la mitad del sueldo mínimo? Esa solidaridad es necesaria para asegurarles una vida mínimamente digna. En segundo lugar, la reforma debe hacerse cargo de las mujeres, pues son castigadas por el sistema de pensiones actual por cometer dos “pecados”: ser más saludables y vivir más años (y entonces les dividen sus ahorros en más años), y el segundo, por tener hijos y cuidarlos, lo que explica muchas de las lagunas en las cotizaciones previsionales y los salarios más bajos. Una de las mayores injusticias y brechas de género se da en el trato a las mujeres en materia de pensiones, cuya labor de cuidado -esencial para que toda la sociedad funcione- es no solo invisibilizada, sino “multada”. La multa por hijo se verifica en Chile al constatar la dificultad de tener trabajo y el menoscabo salarial que sufren las mujeres cuando deciden ser madres. Peor aún es que esta multa se prolongue hasta los últimos años de vida, en que el doble trabajo que la mayoría de las mujeres experimentan -dentro y fuera de la casa- en vez de ser compensado y agradecido, se traduce en pensiones peores que las de los hombres. Esta reforma debe, entonces, aplicar solidaridad especialmente con ellas (más bien, ¡justicia!). La señal debe ser clara: criar niños, cuidar ancianos y personas no autovalentes es del mayor valor, tanto personal como también social, y las pensiones lo deben reflejar.

Ya que hay un déficit con ancianos y ancianas actuales, y con las mujeres, ¿por qué la derecha dice no querer allanarse a un acuerdo en algún grado de solidaridad del 6%?

Quizás es porque hay una cierta euforia de las derechas al sentir viento favorable, una sensación de un triunfo seguro para su sector, y entonces van al todo o nada. Gran riesgo, cercano a la miopía: el 17 D fue una derrota para las derechas, uno que parece que olvidaron. Y los datos muestran que las personas sí tienen expectativas del rol del Estado en materia de derechos sociales. En la última encuesta Bicentenario, por ejemplo, son muchos más quienes prefieren “pagar más impuestos y que el Estado me garantice salud y educación”, que quienes prefieren, en cambio, “pagar menos impuestos y pagar por salud y educación por mi cuenta”. Es decir, están dispuestos a pagar más impuestos pero garantizando derechos, los que seguirán estando ahí si campean los malos tiempos y se sufre enfermedad, cesantía o vejez. Eso da más seguridad y mayor estabilidad, una demanda muy sentida de la población.

En consecuencia, hay que legislar un sistema que tenga un componente individual, pero también solidario, esto es, uno en queden cobijados todos y, especialmente, todas. Un sistema en que los riesgos de la vida, aunque sea en parte, sean compartidos, en vez de uno en que cada cual se rasque con sus propias uñas, más encima en la vejez.