Era 26 de septiembre de 2017.
Se trataba de una niña de 13 años, de Chiloé. Estaba embarazada producto de una violación. La ley de interrupción del embarazo en tres causales se había promulgado tres días antes. En la región no hubo personal disponible para realizar el aborto, por lo que fue trasladada hasta el Hospital San José, de Santiago. Allí tuvo acceso al recién creado derecho a abortar en tres casos.
Antes de esta ley, las embarazadas, cuya vida estuviera en riesgo, cuyo feto fuera inviable, o cuyo embarazo fuera producto de una violación, no tenían derecho a decidir si seguir adelante con ese embarazo o no.
Una situación así de compleja, íntima y dolorosa la tomaba el Estado en vez de las mujeres.
El debate para cambiar aquello fue tenso y el camino, pedregoso, a pesar de contar con el 70% de aprobación ciudadana. La entonces oposición de derecha recurrió al Tribunal Constitucional (así como también lo había hecho con la píldora del día después, en 2007). El TC, sin embargo, refrendó la legalidad del proyecto de ley.
Finalmente, la Presidenta Bachelet la promulgó. “Despenalizar la interrupción del embarazo en estas tres causales es una base de protección y dignidad para cada una de nuestras compatriotas”, dijo la exmandataria.
Se estimó que se cubriría unos 2.550 casos anualmente, pero las cifras son mucho más bajas: el 2021 se realizaron 672 abortos, de los cuales el 53,7% correspondía a inviabilidad fetal. (Una de las mayores dificultades es que el 47% de los médicos del sistema público son objetores de conciencia, según cálculo de este diario).
A casi seis años de su promulgación, lo cierto es que falta avanzar en el cumplimiento de este derecho para mujeres en todas las regiones.
Sin embargo, parece que vamos para atrás.
Una de las más de 400 enmiendas al anteproyecto constitucional que presentó el Partido Republicano busca modificar la propuesta de Artículo número 1 e incorporar que “todo humano es persona”, y en el Artículo 16, que se “protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad”.
Estas enmiendas ponen en riesgo este y otros avances democráticos esenciales. El mismo jefe de bancada, Luis Alejandro Silva, lo reconoció en El Mercurio: “Entendemos que se pueda abrir esa discusión y obviamente no va a depender de nosotros zanjarla, se tendrá que zanjar en tribunales, en el TC”, dijo.
Que niñas o mujeres violadas, en riesgo vital, o cuando el feto es inviable, tengan la posibilidad de interrumpir ese embarazo es inaceptable desde la óptica del Partido Republicano: eliminar esta ley estaba en el programa de Kast (en primera vuelta), así como eliminar el Ministerio de la Mujer. Y su postura es tan conservadora que no acepta, en términos personales, la anticoncepcion que no sea natural. “Fui a un doctor que me dio pastillas anticonceptivas. Cuando llegué a la casa, le dije a mi marido: ya, esto es lo que tenemos que hacer. Y él me dijo: estás loca, no se puede”, contó su mujer, María Pía Adriasola, en revista Sábado, en 2017.
Los republicanos pueden vivir su vida como quieran, pero deben entender que el punto no es ese, sino las normas comunes en una sociedad donde deben convivir distintas creencias y valores, en un Estado laico.
El anteproyecto de la Comisión Experta tenía esa impronta, pero republicanos ha señalizado, con sus enmiendas, que vuelve más atrás de fojas cero; varias enmiendas, como esta, son líneas rojas para las personas que no se identifican con las ideas conservadoras y del tipo de derecha que ellos representan, y no ocultan (la foto de esta semana: JAK con Georgia Meloni).
Varias de sus enmiendas serían enormes retrocesos para Chile.
Y serían también un retroceso para la derecha de Chile Vamos, que manifiesta su defensa de la libertad como valor primordial.
¿Qué libertad puede haber cuando se constitucionaliza que el Estado obligue a una mujer a llevar adelante un embarazo producto de una violación?
Las alertas no solo han venido desde la centroizquierda y la izquierda, sino de figuras clave en el Rechazo al proceso anterior: Andrés Velasco, Javiera Parada, entre otros, ya expresaron su preocupación y piden que “los demócratas” del Consejo Constitucional no caigan “en los cantos de sirena de quienes aún creen en una Constitución partisana”. Harboe, en entrevista con El Mercurio, fue más allá: “Parece que no se hubiese aprendido la lección. No estoy en condiciones de respaldar un texto constitucional que impida la interrupción del embarazo”, expresó.
El sartén lo tienen -por su mayoría en el Consejo- los republicanos, que optaron claramente por hablarle a su voto más duro.
Pero Chile Vamos tiene el mango: sin sus votos no verán la luz esas enmiendas.
Su decisión es histórica: no solo marcará el destino del proceso constitucional, sino la identidad de la derecha por los años que vienen.
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