Niños y niñas en el suelo, inmóviles, con las manos en la nuca, en un gimnasio de un colegio de Renca, y con un profesor que -megáfono en la mano- les va dando instrucciones con voz firme.
Simulacro de balaceras.
¿Está bien empezar a escalar estos ejercicios, que parece que otros colegios ya hacen? A primera vista, podría pensarse que -dada la crisis de seguridad- nunca está de más prevenir, dándoles a los niños y niñas herramientas para protegerse. Pero cabe también reflexionar un poco más allá. Si aceptamos esa premisa y replicamos sin más esta práctica, quiere decir que también estamos aceptando que hemos llegado a un nivel tal de descontrol, que nuestra condición sísmica -que motiva la operación Deyse- está siendo desplazada por una identidad de país de balaceras. Y, en segundo término, estamos diciendo que frente a esta fatalidad o destino, cada cual debe encontrar su propio arreglo, su propia adaptación, sin que la autoridad del Estado ordene y conduzca.
Una batalla perdida y cada cual “se rasca con sus uñas”.
La suspensión en Valparaíso, hace pocas semanas, de una decena colegios y varias universidades, escandalizó, especialmente por la respuesta del ministro Ávila, que dijo que era una buena decisión. Pero Valparaíso no fue un caso aislado: recién se suspendieron clases en cuatro establecimientos de Pedro Aguirre Cerda por “funeral narco”, mientras los niños y niñas se tuvieron que quedar en la casa. (Y sus madres o padres o abuelas, faltar al trabajo).
Pero el dato que supimos ayer es simplemente aterrador: cada día tres establecimientos educacionales de Chile suspenden sus clases por hechos externos de violencia, entre balaceras, narcofunerales y algunos otros hechos similares. En dos meses, 122 recintos suman 156 días de clases suspendidas por violencia externa, según reportó ayer La Tercera, con datos de la Subsecretaría de Educación. El fenómeno se ha dado en 11 de las 16 regiones del país e involucra a lo largo del país a 75 recintos de enseñanza básica y media, además de 47 de educación parvularia.
Es un balde agua fría, pero es una buena señal que estas cifras consolidadas por fin se sepan y estén disponibles (la semana pasada, el Minueduc no se las dio a El Mercurio, que las solicitó vía ley de Transparencia). Pero sabiendo esto ahora, lo que falta es qué haremos al respecto como país. No cada colegio o escuela, sino como país. Cuál será nuestra política nacional.
Y por eso es que este “simulacro” es un gran llamado de atención. Frente a la ausencia de claridad y urgencia, podemos caer en soluciones vistosas, que gatillan interés mediático, pero que difícilmente resuelven el problema de fondo. Porque frente a un grave problema público, la respuesta no puede ser individual y privada. No puede ser la solución que cada colegio estime (aunque tengan la prerogativa de hacerlo). La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, explicó que, de hecho, había países donde este tipo de simulacros se había prohibido “por el trauma que genera en quienes trata de proteger”.
En Estado Unidos, los simulacros de ataque armado deben hacerse al menos cuatro veces al año en las escuelas públicas, por exigencia del estado de Nueva York. Hace sentido, pues es una verdadera epidemia la que padecen allá, de sujetos que entran a colegios y matan niños y profesores: doce niños mueren de violencia armada cada día, y otros 32 son heridos. Sin embargo, hay debate actualmente de cómo hacer los simulacros, pues algunos colegios los hacen con actores, con sangre y disparos falsos a los profesores. La comunidad médica ha advertido de lo traumatizante que eso puede ser y los niños reportan el miedo que sienten.
En Chile no estamos a ese nivel ni es el mismo problema, pero debemos desarrollar políticas nacionales, bien pensadas, revisando la evidencia, y aquilatando sus consecuencias, tanto en la prevención como el control de las balaceras. Y también para definir los pasos a seguir en caso de su ocurrencia, de un modo que no genere ansiedad en los niños, ni les den la idea de que en Chile los que mandan son los narcos. Los temblores y terremotos son parte de nuestra vida, está bien que aprendamos a no asustarnos y a reaccionar bien desde pequeños. Pero pensar que el avance narco es parte de la naturaleza, eso es otra cosa.
Por eso es muy acertada la declaración de la Defensora de la niñez y del alcalde de Renca, respecto de este simulacro: todas las instituciones -partiendo por el Ministerio de Educación- deben no solo involucrarse ahora ya en este debate sino, sobre todo, conducirlo, antes de que se repitan estas prácticas sin mayor análisis.
¿Qué pasaría si en vez de escoltar los funerales narco, los Carabineros y Fuerzas Especiales custodiaran a los colegios y a los alumnos, de modo preventivo? ¿No sería eso mejor que hacerlos tenderse la boca, cerrar los ojos y taparse los oídos?
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