Columna de Paula Escobar: Tohá a contracorriente
Cansado de esperar soluciones del Estado, el mercado mayorista Lo Valledor decidió que sólo se podrá ingresar con cédula de identidad chilena, o en trámite, certificado de residencia o permiso de trabajo. Ya tenían guardias privados y vigilantes armados, pero aquello no impidió que el 27 de enero pasado, dos agricultores fueran asesinados después de haber vendido en Lo Valledor sus cosechas; dicen que fueron “marcados” ahí, y hay cuatro venezolanos formalizados.
“No estamos discriminando a nadie”, explicó Marcelo Araya, del Mercado Mayorista.
Comprensible como es su angustia, el caso está en el límite; debe aclararse qué pasa con las personas que, por ejemplo, tienen cédula de identidad de otro país, de otro modo se arriesgaría caer en conductas discriminatorias. Pero esto es lo que pasa cuando los delitos violentos -como los homicidios- suben, pero la política se paraliza, y se produce ese descalce entre la rapidez del avance del crimen, versus la lentitud en el cómo encararlo. Las personas y grupos comienzan ya no solo a exigir medidas cada vez más duras, a privatizar la solución (guardias, vigilantes), sino que, además, a darse sus propias reglas. Es una muestra de la falta de confianza que existe en que la clase política, en su conjunto, puede dar soluciones pertinentes y oportunas.
Este caso también grafica el descomunal peso que se lleva la ministra Tohá. Ella debe responder frente a todos los episodios complejos. Desde este -en que contestó e invitó a La Moneda mañana a los representantes de Lo Valledor-, hasta explicar el gaffe presidencial “más Narbona y menos Craig”, después de una semana en que nadie dio la cara, ni el Presidente ni la vocera. Este rol de “explicadora universal” la desgasta en su propio quehacer, de suyo complejo, buscando en el Congreso la aprobación de leyes de seguridad y combate al crimen. Tiene al frente a una derecha que, al parecer, prefiere perder la oportunidad de acordar hoy temas fundamentales -como las Reglas de Uso de la Fuerza o la definición de Infraestructura Crítica-, solo para no darle un respiro al gobierno. Pero no están pensando con lucidez los opositores que, en los hechos, están dejando “para marzo” (de 2026) todos estos temas, proyectando que las cosas les serán más fáciles si son gobierno. Si ganan la elección (que aún falta ganarla, a veces lo olvidan, y ya se están “probando trajes”, como dijo alguien por ahí), enfrentarán un crimen potenciado por la inacción.
Pero, además de esa oposición de actuar poco inteligente, Tohá tiene también que lidiar con el frente interno. Congresistas oficialistas que no apoyan sus propuestas (y salen a machar en contra…), alcaldes desesperados (el alcalde Luis Astudillo, de Pedro Aguirre Cerda -donde está Lo Valledor- apoyó la decisión de los locatarios). Y, como si todo esto fuera poco, tuvo que enfrentar los dichos del senador comunista Daniel Núñez en CNN Chile. Dijo que el gobierno “debería convocar a la presión ciudadana para poder sacar adelante las reformas”, lo que ha desatado una gran polémica respecto del alcance de sus palabras, y si está llamando a un “estallido 2.0″. Por supuesto, la ministra Tohá tuvo que salir a explicar. Aunque desdramatizó los dichos, sí fue clara (al igual que el subsecretario Monsalve) en que “no es una tarea que le compete al gobierno organizar una movilización social”.
La pregunta cae de cajón: en este clima, en que más del 80% quiere apoyo militar para combatir la crisis de seguridad, en que Lo Valledor está definiendo sus propias reglas de ingreso, en que las personas están hastiadas de no poder salir a la calle cuando oscurece, ¿el senador Núñez cree que ayuda al gobierno llamar a que, además de aquello, haya protestas en las calles? Las personas tienen derecho a manifestarse en democracia, claro que sí, pero sabemos que las protestas pueden terminar (salvo las marchas de mujeres) en desmanes, semáforos y paraderos quemados, veredas rotas, cierre anticipado de locales, interrupción del tránsito. El control de aquello recaería, justamente, en este gobierno, el del senador.
Es riesgoso subestimar la necesidad de orden y estabilidad, y las consecuencias que tiene no proveerlo a una ciudadanía que comienza a fantasear con un orden bukeliano, a costa de saltarse el Estado de Derecho. Un orden dentro del Estado de Derecho es más difícil, pero es una necesidad que la democracia debe poder satisfacer. Esto implica apoyar a las autoridades serias que enfrentan sin populismo las crisis diarias y que, además, intentan sacar adelante lo fundamental: reforma a las policías, inteligencia policial para hacer frente al crimen organizado y prevención.
Es justamente la misión que intentan -contra viento y marea- la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve, y sus equipos, pero muchas veces, como esta semana, parecen estar navegando con todo en contra.
