Columna de Paula Escobar: Una búsqueda esencial

Se emocionó el ministro de Justicia, Luis Cordero, en la ceremonia de firma del decreto que oficializó el Plan Nacional de Búsqueda, que generará mecanismos institucionales para encontrar a las personas detenidas desaparecidas de la dictadura, y que fue presentada por el Presidente Boric esta semana.

Por un momento, la voz del ministro sonó temblorosa, casi se quebró.

No es para menos.

Este Plan de Búsqueda probablemente será lo más importante y significativo de estos 50 años, al menos desde la perspectiva del Estado de Chile. En un ambiente político crispado, francamente tóxico, polarizado -“eléctrico”, como reconoció el Presidente Boric-, esta iniciativa es una luz de esperanza de que Chile sí es capaz de reflexionar, reparar, y así seguir elaborando el trauma que significaron el Golpe de Estado y la dictadura en Chile.

Es aún un duelo pendiente, como decía el destacado psicoanalista Ricardo Capponi en su libro homónimo, y que, por tanto, sigue siendo una herida abierta. Y así como desde el retorno a la democracia distintas comisiones han aportado en ir acercando la verdad y la justicia -Rettig, Valech, por ejemplo-, esta incitativa se hace cargo de un dolor pendiente, como es para las familias aún no conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos.

Esas familias han sufrido lo indecible. A la pérdida horrorosa se le agregó el calvario de intentar saber qué pasó con ellos, dónde están. Y a todo aquello se le sumó un Estado, una justicia que los ha tramitado y hecho esperar, en algunos casos, por cinco décadas.

Según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos -contenidos en el Informe Rettig-, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 se constató un total de 1.469 personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. Mil 92 corresponden a detenidos desaparecidos y 377 a personas ejecutadas cuya muerte se logró acreditar, pero que su cuerpo nunca fue entregado a sus familiares. Hasta la fecha, 307 personas han sido ubicadas y entregadas a sus familias.

El objetivo central de esta iniciativa es “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”, dijo el ministro Cordero. Por ello, uno de los objetivos es reconstruir las trayectorias de las víctimas, “incluyendo su detención y secuestro hasta su destino final”.

Esta fue una tarea que antes recayó en los hombros de las familias. Hoy, la asume el Estado, que repara a quienes tanto han sufrido. Como ha dicho Ana Maria Arón, psicóloga y hermana de la periodista Diana Arón, torturada y desaparecida en 1974, ser escuchados en su dolor es esencial. “Porque recibimos heridas, tenemos que contarles a los otros el sufrimiento que vivimos. No basta que yo me repare sola. Yo necesito que los otros sepan lo que yo sufrí, no lo que sufrieron nuestros familiares que ya no están, sino que es lo que sufrimos nosotros en esta búsqueda incesante, impotente, recibiendo respuestas absurdas. Nosotros somos guardianes del recuerdo y hay que recordar para poder sanar, recordar para contarle a otro, recordar para que nuestras muertas y nuestros muertos puedan estar en paz y nosotros también”, dijo Arón.

Que a pesar de todo el calvario vivido las familias hayan seguido esperando a la justicia y al Estado es impresionante y conmovedor. El elocuente y emocionante alegato del abogado Cristóbal Jimeno frente a la Corte Suprema hace unos días, por el caso de su padre -Claudio Jimeno, desaparecido tras el Golpe- lo muestra. Su libro La búsqueda (en coautoría con Daniela Mohor) ha sido uno de los hitos de estos 50 años, al mostrar la profundidad de su perseverancia para obtener verdad y justicia, así como la profundidad de la desidia del Estado y los inaceptables horrores vividos por su padre, uno de los cercanos colaboradores del expresidente Allende y a quien acompañó el 11 de septiembre en La Moneda, “sin mirar atrás”.

El ministro Cordero se emocionó, con toda razón. Son momentos de alta política de la República, donde la autoridad se vuelve frágil para contener los dolores de una sociedad, las heridas abiertas, y se aboca a la búsqueda de justicia, de verdad, de dignidad, dignificando así al Estado y a la política. Como dijo Cristóbal Jimeno, “estos actos rompieron la simetría ética de nuestra sociedad”. Este Plan Nacional de Búsqueda es un importante y significativo paso para reparar ese inmenso daño, y es también una manera de buscar un futuro común y compartido para legarles a nuestros hijos e hijas. Para que nunca más alguien vuelva a vivir en Chile lo que le pasó a Claudio Jimeno, a Diana Arón y a miles de personas de nuestra tierra. No hay contexto que justifique esas atrocidades.