Columna de Pía Greene: Desafíos ante un nuevo contexto delictual

Otra semana con gran cantidad de homicidios deja una vez más al descubierto la grave situación de seguridad que estamos viviendo. Existe consenso en que estamos ante un nuevo fenómeno criminal, donde han aumentado los delitos violentos y aparecido nuevas formas que han complejizado el panorama nacional.

Frente a esto, las autoridades le han dado urgencia al tema y diseñado e implementado políticas para enfrentar el crimen organizado instalado en nuestro país. El Presidente de la República, responsable constitucional de la seguridad, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha lanzado el plan Calles Sin Violencia con el objetivo de detener la tendencia al alza de los homicidios.

El plan se presentó con cuatro componentes: persecución penal efectiva; aumento de patrullaje y presencia policial; control y fiscalización de incivilidades; y prevención y espacios públicos. Sin embargo, no se desarrolló un documento que mostrara la estrategia a llevar a cabo, las metas, los indicadores y el impacto que éste pretendía tener. Actualmente, a más de un año de su implementación, y a pesar de que se han mencionado algunos resultados, no se cuenta con información suficiente para realizar una evaluación sobre el cumplimiento de sus objetivos.

Sin perjuicio de lo anterior, el plan cuenta con elementos que son prometedores para enfrentar la nueva realidad criminal. Por ejemplo, entender que el crimen organizado se comporta de manera muy diferente a la delincuencia común llevó a la creación de medidas extraordinarias en materia de persecución, con la entrega de recursos al Ministerio Público para la creación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios. Esta iniciativa ha sido un acierto para lograr una mirada integral del fenómeno con personal especializado y ha mostrado avanzar en la dirección correcta para disminuir el nivel de impunidad, especialmente considerando el fuerte aumento de delitos con imputados desconocidos en los últimos años.

Por otro lado, el mayor copamiento policial de los operativos enjambre ha demostrado ser una herramienta efectiva tanto en disuasión como con resultados para cierto tipo de criminalidad y representa una iniciativa que muestra el despliegue del Estado transmitiendo un mensaje claro contra la delincuencia, lo cual es valorado positivamente. Sin embargo, para combatir el tipo de crimen presente hoy se requiere una especialización policial particular, con levantamiento y análisis de información, herramientas investigativas más sofisticadas y sobre todo un trabajo interagencial mucho más focalizado. No es suficiente una “fuerza de tarea” que incluya solo a las policías y se reúna dos veces a la semana como se anunció. Se requiere fuerzas de tarea permanentes, con objetivos y metas comunes, con acciones y plazos definidos y con la presencia de otras instituciones fundamentales en esta labor: Gendarmería, la Unidad de Análisis Financiero, Impuestos Internos, Aduanas, entre otras. Este modelo existe actualmente en la Unidad de Coordinación Estratégica con oficinas en la zona norte, centro y sur del país, pero no se han priorizado ni fortalecido sus capacidades.

Así, existe un gran desafío por delante y el primero es evaluar el impacto del plan Calles sin Violencia, para saber si es realmente un aporte en la lucha contra el crimen organizado, y dirigir el rumbo de los esfuerzos y recursos públicos con ese fin. Por otra parte, sigue estando pendiente una profunda reforma al sistema penitenciario, mayor y mejor trabajo en prevención social, avanzar en inteligencia y aprobar un Ministerio de Seguridad que realmente se convierta en una institución capaz de liderar y focalizar los esfuerzos y recursos para mejorar la seguridad y, con eso, la calidad de vida de los chilenos.

Por Pía Greene, Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado, Universidad San Sebastián