Una minuta, cuya autoría fue reconocida por la Asociación de AFP, generó cuestionamientos por parte de tres ministros y algunos parlamentarios. La ministra del Trabajo ha legitimado el derecho que esta asociación tiene a emitir opiniones, pero ha criticado lo que ella interpreta como una injerencia en el debate político y una intención frenar la reforma previsional. La asociación ha respondido lamentando que se pretenda deslegitimar su opinión, justamente el derecho que la ministra reivindicaba. Resulta evidente que ambas partes valoran de manera opuesta el documento en discordia. Pese a que coinciden en reconocer el derecho a opinar sobre el asunto, la ministra ve una intromisión donde la asociación sólo ve la expresión de ideas. La controversia es relevante no solo por la importancia de la materia en discusión, sino especialmente porque trata sobre los límites de lo que es y no aceptable respecto de la participación de partes interesadas en la elaboración de políticas públicas.
Ya que, por lo menos hasta ahora, no existe ninguna acusación seria que apunte a la ilegalidad de la minuta, cabe preguntarse si esta puede ser a la vez legal e ilegítima. Efectivamente, ambas condiciones pueden darse a la vez. Las leyes muchas veces cambian porque antes lo han hecho las opiniones dominantes. Lo que era legítimo -digamos que no era objeto de una oposición movilizadora- puede dejar de serlo. Y viceversa. Lo siguiente sería, entonces, evaluar si la acción de la asociación merece entrar en la categoría de lo que es legal pero ilegítimo. Para este efecto, es útil distinguir entre influencia y poder. La democracia, en buena medida, se trata de permitir lo primero ampliamente y restringir lo segundo estrictamente. Toda parte interesada puede intentar influir y dispone de muchas herramientas para hacerlo sin recurrir al engaño ni entrar en la zona gris en que se transita ilegítimamente desde la influencia hacia poder, que es el chantaje, el premio o el castigo a través del cual una parte puede controlar la voluntad de otra que debe tomar una decisión que le afecta.
Naturalmente, la asociación autora de la minuta en cuestión busca influir en la decisión del Congreso y, en general, en el clima de opinión respecto del proyecto de reforma que puede marcar su destino. En este sentido, la injerencia que acusa la ministra existe, pero forma parte del juego democrático. A través de distintas plataformas y formatos -incluyendo la minuta- la asociación ha intentado persuadir a quienes deben tomar una decisión o inciden en ella, de que su planteamiento es el más razonable, el mejor para los pensionados actuales y futuros y para el país en general. En este propósito, nada indica que haya recurrido al engaño (alertar, criticar, contradecir, no constituyen esta falta) o intentado controlar a los congresistas a través del chantaje. Así, solo resta atender si el contenido de la minuta es excesivo, como lo han planteado representantes del Ejecutivo. En buena hora, nuestra democracia permite que una parte interesada y el gobierno puedan tener esta discusión.
Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis y profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP
